Alegan que los pasivos deben asumir las empresas que fueron beneficiadas con la privatización en 1993. El diputado Enrique Mineur (PLRA), señaló ayer que las empresas deben indemnizar por “el desgaste a la planta y por las cuotas que nunca pagaron”.
“Lo único que se busca con esta ley es que los interesados puedan invertir en la planta con los marcos legales vigentes y si no hay interesados queda todo igual. Nosotros no queremos un nuevo elefante blanco”, expresó.
Vale señalar que la normativa prevé la autorización de la inversión directa por parte del Estado paraguayo de “las cantidades necesarias” para reactivar la planta siderúrgica, mediante un contrato de financiación y cesión de la planta en usufructo, alquiler o concesión, a ser celebrado hasta 20 años. Resalta que toda suma invertida quedará como capitalización de la empresa.
A su turno, el diputado Basilio Núñez, señaló que en la ley incluso se estableció la modalidad de pago por los pasivos de los trabajadores. Sobre el punto indicó “se establecerá un calendario de pago fraccionado del pasivo laboral certificado por el Ministerio del Trabajo, cuya fuente de financiamiento provendrá de lo percibido en concepto de arrendamiento o renta del usufructo o concesión”.
La normativa además autoriza al Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) a través de su Presidente, el Ministro de Hacienda, a realizar un estudio para evaluar los niveles de depreciación por uso, desgaste, deterioro u obsolescencia en la planta siderúrgica, de modo a cuantificar la inversión necesaria para que la planta se adapte a las exigencias y rigores de alta producción armonizada a la defensa del medio ambiente.
Acepar era una empresa pública hasta 1993, cuando fue entregada al consorcio privado Cosipar, constituido principalmente por el cuestionado empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli (Cerro Lorito con 66,6% de las acciones) y la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar con el 33,6% de las acciones).
Ante los verificados incumplimientos de las condiciones acordadas con el Estado, en 2013 se frenó ese proceso de privatización y se ha intentado desde ese año que la empresa vuelva a ser del sector público. Este trámite se está efectuando a través de un arbitraje que, empero, no ha avanzado en gran medida y solo se creó un tribunal arbitral para designar a José Luis Vinader como interventor judicial y que después se disolvió.