Los agentes fiscales llegaron sigilosamente en la víspera, con un mandamiento judicial firmado por el juez penal de Garantías en Delitos Económicos de Asunción, Humberto René Otazú y retiraron varios biblioratos conteniendo documentos de la institución municipal, relacionados a una denuncia de indicios de presunto hecho punible por un monto de más G. 30.000 millones, que fue formulada por la CGR, ya en octubre del 2019.
Según los datos, ambos representantes del Ministerio Público abrieron una causa que lleva el número 149/2019 contra “persona innominada sobre supuestos hecho punible de lesión de confianza” para averiguar el informe elaborado por la Dirección de Auditoria Forense, elevado por el Fiscal General del Estado, Camilo Benítez Aldana.
La gravísima denuncia de la CGR contra la administración del intendente Carlos Cesar Haitter (exPDP) señala que existen “indicios de hechos punibles contra el patrimonio” por un valor de G. 30.371.916.451 en la ejecución presupuestaria del año 2016, descubierto mediante un examen especial practicado ya en el año 2018.
Según el reporte de la Dirección Forense de la CGR que fue presentado ante la Fiscalía General del Estado el 4 de octubre del año pasado, existen un total de 11 puntos que constituyen indicios de hechos punible en el citado ejercicio fiscal.
El punto más grave se refiere a pagos por obras con documentación deficiente por un valor de G. 19.066.335.354.
También se reportó la transferencia a organizaciones e instituciones sin fines de lucro, con graves irregularidades por la suma de G. 6.406.040.777, correspondientes a fondos de compensación por los Saltos del Guairá (Ley 5405).
Por deficiencias y faltas de documentos en pago de jornales, combustibles y lubricantes, entre otros, fue denunciado un total G. 4.919.567.320.
El intendente Carlos Cesar Haitter fue recientemente sobreseído por un tribunal por una denuncia similar, lesión de confianza, por un monto de G. 1.300 millones correspondiente a su primera administración (2006 – 2010). La decisión de primera instancia fue apelada por el Ministerio Público y está pendiente de una resolución de la Cámara.