Esta mañana habló con ABC el médico forense Pablo Lemir, quien ayer analizó el cuerpo de las niñas que murieron en un enfrentamiento entre la FTC y el EPP. En ese contexto, ratificó que los disparos que ambas recibieron tuvieron varias trayectorias: desde adelante hacia atrás, desde atrás hacia adelante y desde los costados.
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Comentó que la orden judicial para inspeccionar los cuerpos se basaba en la extracción del ADN y la determinación de la edad de las niñas, que concluyó que ambas tenían 11 años y meses. Asimismo, manifestó que solicitaron la ampliación del alcance de este trabajo para poder determinar más aspectos como, por ejemplo, los indicios biológicos de los orificios de entrada y también extraer las esquirlas de munición de los cuerpos.
Añadió que la jueza autorizó la ampliación y, por ende, extrajeron esos restos de bala que fueron remitidos al laboratorio de la Fiscalía para su evaluación balística. “Una tenía seis impactos y un refilón; la otra, dos impactos y un refilón”, subrayó.
Asimismo, reiteró que los impactos tenían diferentes trayectorias: algunos eran orificios de entrada de adelante para atrás, otros de atrás para adelante y también laterales. En cuanto al ADN, señaló que ellos se encargaron de la extracción y será la Fiscalía la que se encargue de comparar las muestras para determinar el parentesco.
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El trágico hecho se registró el pasado miércoles 2 de setiembre cuando al FTC incursionó en una zona boscosa y, tras un enfrentamiento con miembros de la banda criminal, se registraron dos decesos. Al principio se dio a entender que se trataba de las líderes principales del EPP, pero más tarde se supo que eran dos niñas de solo 11 años.
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Las menores serían parientes de los cabecillas de la banda de secuestradores y fueron identificadas preliminarmente como María del Carmen Villalba y Liliana Villalba. Ambas serían de nacionalidad argentina y, si bien se presume que nacieron en territorio paraguayo, hasta el momento son solo especulaciones. Las niñas ingresaron al territorio nacional en noviembre del año pasado, supuestamente para formar parte de la banda criminal porque, según el Gobierno, el EPP adoctrina a menores de edad para integrar sus filas.