”Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó Jan Jarab, según consignó un comunicado de la oficina regional de DD.HH. de la ONU, con sede en Santiago de Chile.
Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre en una zona limítrofe entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el marco de una acción de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado contra el grupo armado ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Jarab afirmó que su oficina ha recibido “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos.
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En concreto, detalló que es particularmente importante tener presente el “Protocolo de Minnesota”, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
El representante de ONU DD.HH. en Sudamérica subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.
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También recordó al Estado paraguayo que “la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
El Gobierno paraguayo informó tras el operativo de que las menores estaban armadas y que una de ellas abrió fuego contra la patrulla de reconocimiento que detectó la presencia guerrillera en la zona, y responsabilizó de esas muertes al EPP, al que esta semana acusó de reclutar a menores.
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Hasta el momento prosiguen las operaciones en la zona para dar con el resto de guerrilleros que estaban en el campamento del EPP, que opera desde 2008 en el norte de Paraguay.
El grupo es conocido por el secuestro de varios miembros de las comunidades menonitas del norte de Paraguay y por sus extorsiones financieras a otros productores agroganaderos.