La exhumación se realizó para que los cadáveres sean trasladados hasta la morgue del Ministerio Público por orden judicial. Las autoridades jurisdiccionales habían decidido enterrar los cuerpos en Yby Yaú en el mismo día que ocurrió el enfrentamiento en que murieron las dos menores de edad, bajo el argumento de que se debían seguir los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia de COVID-19.
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En conferencia de prensa, los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y de Antisecuestros de la Policía Nacional manifestaron que nadie había reclamado los cuerpos, sin embargo, hasta ese momento no habían podido identificarlos oficialmente. Solo tenían la sospecha de que eran de nacionalidad argentina y familiares de los cabecillas del grupo criminal EPP.
El hecho ocurrió el pasado miércoles, 2 de setiembre, en el límite de los departamentos de Amambay y Concepción. Tras el suceso, encontraron un campamento del EPP con armamentos, artefactos tecnológicos, dinero y otros elementos. Según las fuerzas nacionales, la banda delictiva –que ya ha realizado varios secuestros en el país– utiliza como estrategia a menores de edad en primera línea para protegerse.
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En ese contexto, en una de las conferencias de prensa realizadas por la FTC presentaron una nómina de 11 personas que ingresaron a las filas de esta banda criminal siendo menores de edad. Agregaron que incluso hay evidencias de bebés nacidos en campamentos del EPP, que presumiblemente fueron a ser criados en Argentina y después regresaron para incorporarse al esquema delictivo, dirigido por sus propios familiares.
Ayer, autoridades del Gobierno argentino requirieron a nuestro país el pronto esclarecimiento del suceso que involucra a las dos adolescentes a través de un comunicado. Esta manifestación “tomó de sorpresa” al Estado paraguayo, puesto que según manifestaron las autoridades nacionales, Paraguay había pedido la ayuda del país vecino para identificarlas y también expresaron que estaban dispuestas a colaborar en el esclarecimiento de la situación.
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