Es un esquema utilizado también por otros grupos de empresas.
Días atrás, Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, reconoció que esa era una falencia del sistema de compras públicas que algunos utilizan para burlar las sanciones.
Seitz explicó a ABC que, en caso de que una firma incumpla alguna norma, actualmente la ley apenas permite sancionar a la empresa que proveyó, pero no habla de sus directores, accionistas ni mucho menos de otras empresas vinculadas. Este “vacío” permite que un clan pueda burlar el sistema; por ejemplo, si una empresa es sancionada, puede presentar a la otra a la cual está vinculada y de igual manera quedarse con una licitación. También es importante resaltar que hay solo un plazo de entre tres meses y tres años para suspender a una empresa.
Uno de los puntos que se debería mejorar en la legislación.
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