El programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) del Ministerio de Urbanismo es regulado por la Ley N° 3637 del 2019. La misma se opera al adjudicar proyectos de viviendas sociales presentadas por organizaciones civiles denominadas Servicios de Asistencia Técnica (SAT), las cuales reciben transferencias de recursos públicos y son responsables de contratar a las empresas constructoras.
Las transferencias se realizan bajo el rubro 800, mecanismo que no permite dar un seguimiento del uso de los recursos públicos. En el portal de la cartera estatal no se informa del historial de las obras, de los SAT responsables, del estado de las mismas, entre otros detalles.
Sin embargo, un informe proporcionado a través del Acceso a la Información Pública permitió conocer que en diez años, el Estado destinó un total de G. 1.981.103 millones en Fonavis, en diferentes obras, de las cuales muchas se encuentran paralizadas.
Conforme a fuentes consultadas, en el inicio de la aplicación de esta normativa, existía un nulo control de las mismas, registrándose como organizaciones sociales que siquiera cumplían con el pago de los tributos.
Bajo la administración de Soledad Núñez, se establecieron una serie de normas, con exigencias como que las firmas a ser adjudicadas debían cumplir con requisitos para el registro y la habilitación con experiencia comprobable y solvencia económica comprobable.
Sin embargo, el actual ministro, Dany Durand, eliminó la exigencia que a cada constructora elegible se le limite la cantidad de viviendas a construir teniendo como parámetro su capacidad financiera, experiencia comprobable y el nivel de facturación. Consultamos sobre el motivo de esta flexibilización, pero hasta el momento no hubo respuesta.
Durand registra proyectos aprobados por valor de G. 684.447 millones, las cuales serán pagadas con cheques, ya que también eliminó que las organizaciones dispongan de una cuenta bancaria para uso exclusivo con esta cartera. También suprimió que las organizaciones cuenten con un Identificador de Acreedor Presupuestario (IDAP) de Hacienda. De esta manera, todos los millonarios desembolsos se realizan simplemente con la firma de un cheque, que se entrega en Tesorería.