Independientemente al proceso que Messer afronta en el vecino Brasil, Alcaraz anunció ayer que está trabajando para presentar una solicitud de comiso autónomo de los inmuebles y dinero en bancos que tiene el doleiro en Paraguay y que superarían los 150 millones de dólares. Los bienes también son reclamados por el Ministerio Público del vecino país, pero el Código Penal paraguayo, en su artículo 96, abre el camino para pedir la orden autónoma y comisar todo lo que Messer tenga en nuestro territorio.
“El Ministerio Público va a ir por el comiso autónomo. Vamos a solicitar la aplicación de esta figura prevista en nuestra ley. Eso vamos a pedir cuando tengamos respuesta a todas las diligencias que solicitamos al Brasil”, manifestó ayer la fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Refirió que su unidad está trabajando en forma conjunta con el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. “Nosotros centralizamos los pedidos a través del fiscal Doldán. En Brasil el Ministerio Público no tiene la autoridad como en Paraguay y eso demora el trámite de la cooperación”, manifestó la fiscala.
Alcaraz explicó que el comiso autónomo se puede presentar directamente contra los bienes de Messer, que actualmente están bajo administración de la Senabico.
“Vamos a presentar una acusación, que luego será debatida y la justicia definirá si ordena o no el comiso autónomo”, refirió.
Los bienes del doleiro cuentan con medidas cautelares, de manera que no se pueden enajenar, acotó.
Ministra Rojas
La ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Senabico, Teresa Rojas, confirmó que está trabando con la fiscala Liliana Alcaraz para que los bienes de Messer sean comisados y pasen a dominio del Estado. “Esta súper bien encaminado todo”, agregó.
Con relación al reclamo del Brasil, dijo que “seguramente vamos a discutir cuánto va a llevar cada país”. Agregó que para ello es fundamental solicitar el comiso autónomo de los bienes.
Los antecedentes revelan que Messer acordó con la justicia brasileña entregar sus bienes por 183 millones de dólares a cambio de cumplir una condena de 18 años y 9 meses de cárcel.
El “acuerdo” se enmarca en procesos que investigan una red de lavado de dinero a partir de Uruguay, que habría movido US$ 1,6 millones.
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