El Sitrande presentó una nota ante el Ministerio Público para insistir a su titular, Sandra Quinónez, acerca de la pretensión del gremio de una reunión con ella sobre la carpeta fiscal en la investigación de acta secreta de Itaipú.
También se le exige que cumpla su papel y procese a los responsables del acuerdo bilateral, que finalmente fue anulado. “Observamos que ni siquiera hay un imputado (...) pese a que el daño patrimonial al Estado hubiera llegado a cerca de los US$ 250 millones, de acuerdo a diversas fuentes, incluida la Comisión Bicameral del Congreso que analizó el caso”.
Los sindicalistas también le solicitan a la fiscala general del Estado que asuma que estamos en un momento histórico de suma trascendencia para el desarrollo del país y que ningún interés faccioso, en circunstancia alguna, puede estar por sobre el interés general de toda una nación.
“Pese a la coyuntura partidaria, que hoy la favorece, usted se debe a la patria, no a unos cuantos sepultureros de la soberanía. Si el juicio político no la amilana y sigue con las mismas prácticas de sumisión, el día de mañana las calles gritarán su nombre, vinculándola con la traición y la entrega”, reza otra parte de la nota.
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Recalcan que la unión en el Partido Colorado y principalmente una facción acomodada (haciendo referencia al cartismo) la sostienen en el cargo, porque es funcional a sus intereses. Gracias a ello, en el Congreso no se obtuvieron los votos necesarios para iniciar el proceso del juicio político en su contra, remarca el Sitrande.
La nota recuerda que el informe de la Comisión Bicameral que investigó el acuerdo secreto “ha dado pruebas de que, al menos, el exembajador Hugo Saguier Caballerro y el asesor técnico, Alcides Giménez, ya deberían haber estado en la condición de imputados, mientras que los más observadores del régimen legal llegan hasta el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el presidente Mario Abdo Benítez.”
También denuncian que la fiscala general no es leal a la ley, sino a procesos de acuerdos o desavenencias dentro del partido de Gobierno y el gremio entiende que la actuación de Quiñónez está sujeta a decisiones, tiempos y ritmos impuestos por fuera del Ministerio Público.
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El acta bilateral entreguista del año pasado tenía que ver con el acuerdo operativo firmado por la ANDE y Eletrobras (Brasil), que le iba a significar un costo adicional de US$ 100 millones al país. El ingeniero Fabián Cáceres fue el denunciante junto con el expresidente de la ANDE Pedro Ferreira, quienes renunciaron luego del escándalo del acta del 24 de mayo de 2019, revelado unos meses después de haberse firmado. Esta acta fue finalmente anulada el 1 de agosto de 2019.