“Así como estamos en el pico de la pandemia, también estamos en el pico de la impunidad. Y no hay vacunas de Oxford, de Rusia ni de China que nos solucione (este problema). Más que la fiscala general, Sandra Quiñónez, vemos que después de un año no hay un solo imputado”, cuestionó Penayo sobre las investigaciones en torno al “acta secreta” de Itaipú, firmada el 24 de mayo del 2019.
El representante de la campaña “Itaipú 2023, causa nacional” dijo que para saber qué está pasando, en mayo ya habían pedido informes a la fiscala general, pero no obtuvieron respuestas, por lo cual esta mañana emitieron una carta con acusaciones muy fuertes en su contra.
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“Después de un año ni siquiera se han auditado los teléfonos de los involucrados (…) En serio estamos preocupados. Hablaban de un daño patrimonial de cerca de US$ 250 millones. Y esto pues es una cuestión que tiene que ver con el Código Penal, en el artículo 192 sobre la lesión de confianza, que tiene una expectativa de pena de 10 años”, destacó.
Aseguró que están preocupados por el poco o nulo avance de las investigaciones. “Nosotros creemos que hay una red de impunidad. Hay un trabajo sistemático en función a impedir a que nosotros como ciudadanos conozcamos la verdad”, lamentó.
Además, consideró que no hay esperanzas de que quienes fueron responsables de ese hecho paguen y sean indagados de forma seria y sistemática. “Pero todo lo que vemos ahora es una suerte de calesita en la que nadie se baja para ser por lo menos imputado”, consideró.
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Además, dijo que fijándose en lo resuelto por la Comisión Bicameral del Congreso, que en su momento estudió el acta bilateral, concluyeron que varios deberían estar “por lo menos imputados”.
“Sabemos que hay tres fiscales responsables de este hecho, pero quien tiene la dirección de la investigación es la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Y es ella la que debe dar cuentas a la ciudadanía del porqué no están haciendo su trabajo”, enfatizó.
Esta mañana desde la campaña entregaron en la Fiscalía General del Estado una nueva carta en la cual cuestionan duramente el nulo avance de las indagaciones. “Lo hicimos ya en esos términos porque vemos que el tiempo va pasando y están en la línea de la impunidad, esa es la percepción generalizada que tenemos”, manifestó.
Recordemos que el 24 de julio fue dado a conocer el documento firmado dos meses antes y que según los análisis de expertos, ninguno de los puntos acordados favorecía al Paraguay. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) cedía sus derechos, por lo cual llegó a ser calificada de entreguista para el gobierno de Abdo Benítez, que había asumido el cargo menos de un año antes.
Este documento fue divulgado por Pedro Ferreira, quien en ese momento era presidente de la ANDE y por el gerente técnico Fabián Cáceres. El texto, que constaba de varios puntos, cedía soberanía sobre Itaipú en cuanto la energía eléctrica que correspondía a Paraguay.
Paraguay renunciaba un precio preferencial logrado en el 2007 y se habló de un excedente de US$ 300 millones que debía costear la ANDE cada año, en caso de que esa acta fuera aprobada. Finalmente el acta quedó sin efecto luego de un escándalo que casi llevó al juicio político a Abdo Benítez.
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