El Ministerio Público sigue sin abrir investigación de oficio sobre el llamativo enriquecimiento del concejal de Lambaré Luis Paciello Lacasa, yerno del expresidente Fernando Lugo.
Empresas no declaradas
Cuatro años fueron suficientes para que Luis Fernando Paciello Lacasa, yerno del expresidente de la República Fernando Lugo Méndez, se convirtiera en un empresario inmobiliario.
Entre noviembre de 2012 y enero de 2016, Paciello Lacasa creó cuatro empresas y adquirió doce inmuebles distribuidos entre Asunción, Lambaré y San Bernardino.
Paciello aparece vinculado a las firmas Gastos Comunes SA, Mi Mina SA, Pangea SA e IJT SA.
Ninguna de estas firmas aparece en su declaración jurada de bienes presentada en enero de 2016 ante la Contraloría General de la República.
La no inclusión de todos los datos patrimoniales podría representar declaración jurada falsa. Misma situación por la que hoy se encuentran procesados, entre otros, el diputado abdista Miguel Cuevas y el senador cartista Javier Zacarías Irún.
Empresario sueldo mínimo
Además, las empresas de Paciello movieron en caja alrededor de G. 7.500 millones.
A esos millonarios movimientos se deben sumar además las llamativas compras inmobiliarias que realizó Paciello.
Entre noviembre de 2012 y agosto de 2013, adquirió al menos nueve inmuebles. Pagó, por ejemplo, US$ 200.000 en efectivo para comprar dos departamentos en el edificio Lafayette en una época en la que declaraba percibir apenas sueldo mínimo.
Publicaciones, razón suficiente
El pasado 28 de junio, la fiscala Liliana Alcaraz manifestó a ABC Color que la simple publicación de las declaraciones juradas no podría ser motivo suficiente para la apertura de investigaciones sobre los funcionarios.
Sin embargo, señaló que las publicaciones periodísticas sí podrían motivar la apertura de carpetas fiscales.
“El Ministerio Público no es órgano de control y debería iniciar una investigación si se dan hechos que podrían constituir hechos punibles, luego de que los órganos de control hayan desplegado sus funciones; o en su defecto, que lleguen a su conocimiento evidencias que indiquen una conducta penalmente relevante y ello sea evidente, ya sea a través de una denuncia, una publicación”, dijo Alcaraz.
A pesar de las publicaciones que revelan datos no declarados y un crecimiento patrimonial galopante, el Ministerio Público ha decidido llamarse a silencio.
Hasta el momento, de hecho, la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la fiscala adjunta Soledad Machuca, no abrió siquiera una investigación sobre los llamativos crecimientos patrimoniales que han salido a la luz.
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