Luego de la cancelación del contrato con las firmas Eurotec e Imedic, ambas ligadas al clan Ferreira, el Ministerio de Salud inició los trámites para el cobro de la póliza por la entrega realizada de G. 17.000 millones.
Hasta la fecha, el Gobierno aún no ha recuperado el dinero, pero esta mañana en su conferencia de prensa el ministro de Salud confirmó que la aseguradora Patria ya “aceptó el siniestro”, por lo cual “entiende” que en las próximas semanas se estará teniendo un resultado positivo en torno a la ejecución de la póliza.
Recordemos que los equipos de bioseguridad y camas de terapia que fueron rechazados por el Ministerio de Salud formaban parte de una licitación de más de G. 80.000 millones adjudicada a las firmas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, ambas conectadas al empresario Justo Ferreira. Salud Pública desembolsó G. 17.050 millones como anticipo a esas firmas vinculadas entre sí.
A finales de abril, luego de que se analizaran los equipos, la cartera sanitaria decidió rechazar parte de estos porque no cumplían las especificaciones técnicas. Luego, la Contraloría intervino en el hecho y detectó numerosas irregularidades, calificando el proceso de “totalmente viciado en todas sus etapas”.
También se inició una investigación penal y se conformó una comisión especial encargada de analizar todas las compras en el marco de la pandemia, grupo que detectó irregularidades en otros 32 procesos que finalmente también fueron cancelados.
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La semana pasada, la Fiscalía imputó a Justo Rubén Ferreira Servín y a su hija Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, líderes del clan Ferreira, por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Solicitó la prisión preventiva de ambos.
Dentro del escrito de imputación también figuran Carlos Alberto Gamarra González, despachante de Aduanas de las mencionadas empresas; Lauri Marcio Pohl Kleinpaul, agente de transporte y presidente de la firma Eximcargo Paraguay SA; Guillermo Andrés Molinas Camp, administrador de la Dirección Nacional de Aduanas del aeropuerto Silvio Pettirossi; Gustavo Adolfo Acosta Acosta, subadministrador de la citada dirección, y Mario Joel Olmedo Pacua, que hacía vista en la DNA del aeropuerto. Todos tienen, según el Ministerio Público, diferentes responsabilidades en el esquema delictivo que montaron para estafar al Estado.
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