La Cámara de Senadores aprobó, el pasado jueves 23 de julio, el arancel cero para la universidad pública en Paraguay, normativa que prohíbe el cobro de dinero a los estudiantes por exámenes o cuotas. En ese contexto, la pregunta principal es: ¿cómo será financiado este beneficio estudiantil en el marco de una crisis económica por la pandemia de COVID-19? La respuesta fue explicada por la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), recientemente elegida como titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
“El monto que todos los años se coloca en el presupuesto es de aproximadamente 31 millones de dólares, que es lo que corresponde a aranceles, pago de derechos a exámenes, todo lo que significa, digamos, el pago del alumno y otros recursos que recauda, por ejemplo, hospitales como la Facultad de Medicina, que cobra aranceles por servicio y eso hace que tengan otra fuente de recaudación, pero solamente hablando de aranceles pagados por estudiantes, presupuestariamente son 31 millones de dólares”, indicó.
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“Sabés que en esas cosas son un poco pícaros los ministros de Hacienda: te alzan un poquito para que sea más grande el presupuesto, pero saben que históricamente no se recauda y eso es así. Lo que realmente han tenido como ingreso presupuestario las universidades ha sido más o menos entre 20 a 21 millones de dólares, que realmente sería reemplazar lo que hoy están haciendo de ingreso”, aclaró.
Dijo que en base a esas dos informaciones de cuánto se necesita, lo que los parlamentarios hicieron fue mirar el Fonacide. “Vos sabés que una parte del Fonacide, el 28% va al Tesoro, hay un 7% de la ley original que iba a AFD (Agencia Financiera de Desarrollo); en este presupuesto 2020, un 3,5% de lo que iba a AFD fue ubicado a Salud y 3,5% se calzó a municipalidades y gobernaciones, que tuvieron un fuerte recorte y que se repuso a través de este fondo”, especificó.
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Agregó que en lo que hace al Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación (FEEI) hay un acumulativo, desde el 2013 hasta ahora, de unos 700 millones de dólares recaudado. “De los 700 millones que recibió, comprometió más o menos 650 millones, hay unos 51 o 54 millones que no tienen destino, de esos 600 que se asignó para proyectos, se ejecutó el 50%, o sea de 600 millones se gastó 300 y quedan otros 300 supuestamente para hacer esos proyectos y fuera de esos proyectos tenemos más o menos los 50 millones de dólares”, agregó.
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Por otra parte, dijo que pensaron también en los fondos de AFD. “Pero como ya fue destinado a Salud, creemos que puede continuar en Salud, todavía quedan esos 3,5% que se pueden destinar de nuevo, pero estos recursos nos permiten dar sostenibilidad por lo menos hasta el 2023, por qué no, no sabemos cómo se negociará Itaipú y si después podemos o no mantener estas compensaciones, dependerá de nuestra capacidad de negociación, pero esto nos permite salir en tiempo de crisis y por supuesto que en cuatro años podemos mirar otras fuentes de financiamiento. Ese fue un poco el análisis y la propuesta que presentamos”, concluyó.
La propuesta legislativa que modifica el artículo 3 de la Ley 4.758/12 “que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación” ya tiene media sanción en el Senado y ahora pasa para su estudio a la Cámara de Diputados.