La sentencia favorable al jefe comunal fue dada a conocer cerca de las 20:30 de este jueves, tras tres horas de exposición en la sede del Poder Judicial. La decisión fue tomada en mayoría por la presidenta del tribunal, Sofía Giménez y el miembro Bonifacio Rojas. Señalaron que las pruebas arrimadas fueron insuficientes, y que no podrían ser valoradas porque en su mayoría fueron copias simples.
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En minoría votó Hugo Medina, quien sí consideró que durante el juicio se comprobó la existencia de un daño patrimonial de más de G. 220 millones en obras de empedrados que fueron pagados, pero no ejecutados.
La presidenta del tribunal, Sofía Giménez, acusó al director de la investigación, al Ministerio Público, de haber hecho un trabajo deficiente, y que a pesar de los seis años que duró el proceso no fueron capaces de presentar documentos originales en el juicio. Dijo que también la Contraloría General de la República fue negligente al realizar su trabajo de auditoría todo en base a documentos simples.
“Cómo presentar documentos originales si en la Municipalidad se encargaron de hacer desaparecer todos”, indicó el fiscal Vicente Rodríguez, quien además agregó que con este fallo pierde todo sentido la existencia de la Contraloría General de la República. “Solo falta que se pida al Congreso que haga desaparecer la CGR, porque de nada sirve, al menos para estos dos magistrados”, lamentó.
Vicente Rodríguez, quien se encargó ya de la parte final del proceso, adelantó que apelará el fallo de primera instancia, con la convicción de que existen suficientes pruebas del daño patrimonial del que fue acusado Haitter.
La causa se inició en el 2014, y lo promovió el entonces fiscal Julio Cesar Yegros, quien luego fue destituido. Este le acusó a Haitter de haber causado un daño patrimonial de G. 1.300 millones aproximadamente durante su primer mandato (2006 – 2010), en base a un examen especial practicado por la CGR.
Durante la permanencia de Yegros y otros fiscales que tomaron el caso posteriormente, peritos forenses de la propia Fiscalía General del Estado ya habían blanqueado a Haitter en la mayor parte de su caso. En la construcción de las dos plantas de tratamiento del alcantarillado sanitario, donde la CGR dijo hallar casi G. 900 millones de perjuicio a la comuna, los peritos forenses de la Fiscalía habían dicho posteriormente que toda la obra se ejecutó dentro de proyectado, y que no había ni un centavo de daño patrimonial.
Durante todo el largo proceso, se habló de supuestos multimillonarios pagos a fiscales y peritos para exculpar a Haitter, pero nunca se denunció oficialmente. Incluso en esta última etapa del proceso se denunció a la presidenta del Tribunal de un acercamiento sospechoso con el entorno del procesado, a través de su marido, pero la magistrada lo negó y el Ministerio Público no accionó en forma oficial.
Aparte de la apelación del caso, Haitter tiene que afrontar otra demanda del Ministerio Público, por un supuesto daño patrimonial de G. 30 mil millones, también detectada por la CGR. La nueva denuncia corresponde a su actual mandato, específicamente a la ejecución presupuestaria del 2016.