Tras dos meses y nueve días de haber iniciado, finalmente está llegando a su culminación el juicio oral y público del intendente local, Carlos César Haitter. En la fecha, como estaba previsto, el Ministerio Público presentó los alegatos finales de la acusación, y pide un castigo carcelario de 3 años y 6 meses al imputado. La defensa técnica presentará sus alegatos mañana.
Según el Ministerio Público, durante la sustanciación del juicio quedó demostrado que existe suficiente indicio de daño patrimonial causado por Haitter, tal como lo sostiene en su examen especial la Contraloría General de la República. Ese informe detalla obras inconclusas por las que el jefe comunal habría pagado más de G. 1.300 millones, lo que representaría “lesión de confianza”, previsto en el Código Penal.
Mañana es el turno de la defensa técnica de Haitter, cuyos abogados tratarán de persuadir al Tribunal de que su cliente no cometió delito alguno, aunque ellos reconocen que la Municipalidad fue perjudicada por empresarios que recibieron dinero y no concluyeron las obras que se les concedió en contrato.
El intendente Haitter está acusado por el Ministerio Público por el supuesto daño patrimonial de aproximadamente G. 1.300 millones durante su primer gobierno, en el periodo 2006-2010, a través de obras cuyos costos habrían sido inflados o no ejecutados.
La fiscalía se basó en el resultado de un examen especial practicado por la Contraloría General de la República (CGR), donde levantó indicios de daño patrimonial a la comuna de Salto en 13 obras ejecutadas durante la primera administración Haitter, y que sumado alcanza una diferencia o perjuicio de aproximadamente G. 1300 millones.
La defensa del intendente sostiene que todas las obras cuestionadas por la CGR fueron peritadas por técnicos del Ministerio Público, en los que han descartado cualquier daño patrimonial al municipio.
La diferencia que sí se reconocen tras las pericias fueron sobre obras de empedrados que estuvieron a cargo de la empresa Ybyturuzú, del ingeniero Juan Domingo Escarone, donde se determinó un presunto perjuicio al erario municipal de G. 232 millones.
“Pero el intendente salva su responsabilidad en dicho caso porque demandó en tiempo y forma a la empresa que no terminó la obra y además comunicó a la siguiente administración de ese proceso”, aduce el abogado de Haitter.
En ese sentido, días pasados los abogados de la Municipalidad realizaron una nueva denuncia ante el Ministerio Público donde acusan al exintendente Eduardo Paniagua de haber dejado de impulsar una denuncia indemnizatoria contra la empresa Ybyturuzú.
Con ello busca salvar su responsabilidad del evidente daño patrimonial que se causó al erario público durante su primer mandato.