González fue consultada este sábado por ABC sobre su postura en relación a las afirmaciones de esta comisión, encabezada por Arnaldo Giuzzio, que sostuvo que en los procesos irregulares para las compras de insumos y equipos para combatir el coronavirus no hubo daño patrimonial.
Esto generó una airada reacción ciudadana y de los medios de prensa porque se comprendió que nadie sería castigado porque no se consumó la compra o no se terminó el proceso pese a existir la intención de ello.
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González indicó que Giuzzio, como exfiscal, debió haber tomado en cuenta lo que dijo porque a su entender el titular de la Senad allanó el camino para la impunidad de los implicados al condicionar el resultado de un eventual proceso que debe llevarlo adelante el Ministerio Público.
“Me parece absolutamente peligrosa la retórica que usó la comisión al hablar con determinados términos técnicos y al apresurarse al decir que no hubo daño patrimonial. Ellos no tienen por qué entrar en competencias exclusivas del Ministerio Público. Su discurso es de impunidad. Me parece que la comisión intentó minimizar el hecho”, expresó la legisladora.
“Él (Giuzzio) como exfiscal sabe (…) y sienta una posición. ¿Cuál es el mensaje que envía a la Fiscalía? Se requiere testimonio de los actores del Gobierno. La concurrencia del Ministerio Público es fundamental. Es como un blindaje (el que dieron)”, añadió.
Además, sostuvo que el daño patrimonial al Estado sí existió: “El daño patrimonial sí existió desde el momento en el que se pagaron G. 17.000 millones. Desde que en Dinac y Petropar las compras se concretaron. Estamos en desacuerdo. Hay que tomar decisiones en torno a las estafas que se produjeron”.
Conflicto de intereses
González informó también que se está trabajando en un proyecto de ley que pretende sancionar a los políticos que usan sus cargos para lucrar desde el Estado a través de influencias o participación en empresas. Un documento similar había presentado el colorado Derlis Osorio, pero Kattya indicó que lo que ella está preparando junto a sus colegas es mucho más abarcativo.
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“El proyecto de conflicto de intereses planteado por Osorio y que tiene media sanción no abarca demasiadas aristas, es como una complementación a lo que hace a la declaración jurada. El conflicto de intereses dentro del frente parlamentario anticorrupción, con la colaboración de algunos consultores (…) sanciona a aquellos altos cargos (…) que deban declarar su participación en alguna empresa, sino todo lo que tiene relación al tema de interés”, explicó.
Finalmente, aseguró que están estableciendo el tipo de sanciones a añadir a este proyecto. “Estamos analizando (el tipo de sanciones). Va desde sanciones administrativas y penales (…) ojalá que se dé, esto es incipiente”, concluyó.