Fiscalía acusa a jueza Garcete de extralimitarse para blanqueo de ZI

Los fiscales anticorrupción acusaron a la jueza Cinthia Garcete Urunaga de extralimitarse en sus funciones para el sobreseimiento del senador Javier Zacarías Irún (ANR-HC) y de su esposa Sandra McLeod. Los agentes solicitaron la anulación del blanqueo.

La imagen corresponde a la audiencia de imposición de medidas realizada el 19 de junio pasado que los fiscales Anticorrupción piden anular, tras el blanqueo de Zacarías Irún y McLeod.Archivo, ABC Color
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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Los fiscales Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Natalia Fúster presentaron el escrito de apelación de 34 páginas para recurrir el Auto Interlocutorio Nº 553, del 22 de junio firmado por la jueza Cinthia Garcete, por el cual el senador Javier Zacarías y Sandra McLeod fueron blanqueados en el caso “Frontera Producciones”.

La magistrada Garcete había otorgado sobreseimiento definitivo a la pareja en una acusación por un desvío de G. 2.488 millones de la Municipalidad. También desvinculó al senador de otra acusación por perjuicio de G. 1.211 millones y sobreseyó de forma provisional a McLeod.

Los coimputados Alberto Rodríguez (ANR-HC) exintendente interino, Carlos Bordón Bottino dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones, Juan Sanabria exjefe de Prensa de la Comuna, David Espínola exdirector de Finanzas, y los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola fueron blanqueados.

En el escrito de apelación los fiscales sostuvieron que la jueza se extralimitó en sus funciones al valorar pruebas ofrecidas, una atribución que corresponde exclusivamente al Tribunal de Sentencia.

Para dictar el sobreseimiento, la magistrada Garcete había cuestionado la validez de las pruebas claves ofrecidas por el Ministerio de Público como el cruce de llamadas entre los acusados, la pericia contable, la extracción de datos de un celular usado para la comunicación entre Zacarías y Sanabria, entre otras.

Los investigadores resaltaron que la jueza en la parte del considerando de la resolución pronunció las críticas sobre la obtención de las pruebas, pero que los cuestionamientos no fueron reflejados en la parte resolutiva del fallo.

Sobre la legalidad de la extracción de comunicación de Zacarías y Sanabria, los fiscales sostuvieron que no hubo violación a la intimidad ya que los mensajes de texto fueron extraídos con anuencia de uno de los interlocutores, quien no tenía deber legal de secreto sobre el contenido de la comunicación.

Los fiscales reiteraron que el senador Zacarías daba órdenes de un número telefónico declarado por él mismo como suyo ante la Contraloría, al número telefónico de Juan Sanabria y a David Espínola, “249 comunicaciones entre Zacarías y Sanabria Notario, 21 comunicaciones entre Zacarías y Espínola Osorio, en un período de seis meses de 2018 y parte del 2019”, citaron.

Reapertura de otro proceso

Desde el 29 de enero del 2019 está cajoneado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el pedido de reapertura de la causa caratulada: “Ernesto Javier Zacarías s/Enriquecimiento ilícito Ley Nº 2523/2004”. Dicho pedido fue presentado por el entonces fiscal René Fernández y por la fiscala Josefina Aghemo quien fue apartada del caso, con anuencia de la Fiscala General del Estado Sandra Quiñónez.

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