El 15 de junio pasado, Blanca Caselli portillo (25) denunció al abogado, Pedro López, de apropiarse de su auto, un Toyota Corola, de color negro y con chapa BGG 367, que figura a nombre de Leonarda Sánchez y hasta la fecha se niega a devolver, indicó.
La mujer, que se encuentra embarazada, indicó que todo comenzó cuando el 7 de junio contrató los servicios de López para asistir legalmente a su marido que estaba detenido en un puesto policial por problemas familiares.
“Mi marido tuvo problemas con sus padres y fue detenido y contratamos al abogado, que en un principio nos dijo que su honorario era solo de G. 2.500.000, pero grande fue nuestra sorpresa cuando llegamos primero a la fiscalía y dijo que se tenía que pagar cinco millones a la fiscala y luego otro G. 1.800.000 al juzgado y le dije que no tenía dicha y me dijo que él me prestaría para solucionar”, relató la mujer.
Agregó, que el profesional siempre ingresaba solo, tanto en la fiscalía como en el juzgado permanente de San Lorenzo y que nunca vio que se haya pagado nada, pero ante la desesperación accedió en todo.
Dijo que ya frente a su casa el abogado, quien estaba acompañado de otro familiar le dijo que llevaría el auto hasta que se le pague su honorario y le devuelva los supuestos pagos realizados a la fiscala, Laura Ávalos y al juzgado de San Lorenzo.
En el rodado estaba su carpeta con todos los antecedentes de su embarazo y los documentos del móvil, que el profesional se niega a devolver, según la denuncia.
“Debido a que se niega devolverme mi auto y todos mis documentos recurrí a la fiscalía y ahí me dijeron que nada se paga y la fiscala le intimó a que entregue el auto, pero se niega y ahora le recusó a Ávalos, quien ya pidió a la policía la búsqueda y localización de mi auto”, expresó Caselli.
Por su lado el abogado negó que se haya apropiado del rodado y aseguró que le dió en garantía por la deuda sustraída y que le iba a devolver una vez cancelada, pero sin embargo, entró en varias contradicciones y finalmente dijo que ya puso a disposición y que ya entregó a la mujer.
Consultado si en realidad pagó las mencionadas sumas a la fiscalía y el juzgado dijo que no tiene el porque de dar detalles de su trabajo y que el servicio realizado tiene un costo de unos G.15 millones, pero aclaró que no existe documento firmado con su cliente.
A su turno la fiscala Ávalos aclaró que el profesional se aprovechó de su cliente en un momento de desesperación y negó que se haya recibido dinero alguno y ahora espera que se resuelva la recusación para seguir la causa y recuperar el auto.