Los diputados Kattya González, Norma Camacho, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla, Sebastián Villarejo, Sebastián García, Carlos Rejala y Tito Ibarrola urgieron al Ministerio Público la presentación de los avances de las investigaciones relacionadas a las compras irregulares de insumos médicos en el marco de la emergencia sanitaria, hechas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Petropar y el Ministerio de Salud.
La solicitud de los legisladores se da tras el informe presentado hoy por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC) en el que las autoridades del Poder Ejecutivo señalaron que las sobrefacturaciones se pudieron haber dado por confusión con insumos similares pero de calidad distinta.
Este reporte, hecho por los ministros integrantes de la comisión, llamó la atención de los parlamentarios quienes señalaron que existe la intención de justificar las sobrefacturaciones e instalar la versión de que no hubo daño patrimonial, hecho que deberá ser determinado mediante las investigaciones.
“Los hechos de corrupción denunciados por este grupo de diputados son de interés nacional y el Ministerio Público debe entablar canales de comunicación con los denunciantes, de manera tal a motorizar el principio de rendición de cuentas públicas a las cuales estamos obligados todos los servidores públicos, entre los que se incluyen a los integrantes de la Fiscalía General del Estado, no pudiendo alegar ningún secreto de las investigaciones para negar o limitar a las víctimas -en este caso el pueblo paraguayo- datos precisos de las actuaciones fiscales desarrolladas para combatir la corrupción e impunidad”, reza parte del urgimiento de los diputados.
Nota relacionada: Instituciones del Estado habrían pagado precios megainflados por protectores faciales
Esta mañana, Arnaldo Giuzzio, ministro antidrogas y titular de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19, manifestó que si encuentran pruebas referentes a la participación de Raúl Silva o Édgar Melgarejo en compras del Ministerio de Salud, van a elevarlas a la Fiscalía. “Nosotros no tenemos intención de apañar a nadie”, indicó. No obstante, sostuvo que en los documentos analizados hasta el momento no encontraron nada al respecto y señaló que la Fiscalía es la que debe investigar con mayor profundidad.
Antecedentes
Luego de la denuncia de los diputados, según se informó, el 26 de mayo pasado los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce se constituyeron en la sede del Ministerio de Salud, donde recogieron información y rescataron documentos.
Las autoridades sanitarias entregaron un anticipo de más de G. 17 mi millones al clan Fereira, cuyas empresas (Imedic y Eurotec) tenían que proveer los insumos, que posteriormente en su totalidad fueron rechazados por no cumplir con la exigencias técnicas.
Tanto la Contraloría General de la República (en un contundente dictamen), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Comisión presidida por el fiscal Arnaldo Giuzzio, confirmaron plenamente que la adjudicación fue direccionada para favorecer a las firmas del clan Ferreira. Incluso se habló de indicios de delitos.
La entrega de los G. 17 mil millones, que hasta ahora no fueron devueltos a Salud, constituyen un evidencia suficiente, del perjuicio patrimonial a la cartera de Estado, que está previsto en nuestro Código Penal con lesión de confianza y se castigo 10 años de cárcel.
Sin embargo, hasta ahora no se imputó absolutamente a nadie, hecho que por lo mínimo resulta sugestivo, atendiendo que el Ministerio Público fue más rápido en casos de Dinac (tapabocas) y Petropar (agua tónica), donde incluso sus extitulares fueron imputados. En el caso de Salud se habla de que el negociado salpica al primer anillo del presidente. Por otro lado, Mazzoleni no puedría eludir su responsabilidad, atendiendo que fue nombrado por decreto del Poder Ejecutivo y como ordenador de gastos era el garante de cuidar el patrimonio del Ministerio a su cargo. En la lesión de confianza se comete por acción u omisión (el que no evitara).
El artículo 268 de la Constitución Nacional establece claramente que entre los deberes del Ministerio Público está el de proteger el patrimonio público y social y para ello si fuere necesario debería iniciar la investigación de oficio (Se podría aplicar en el caso de las declaraciones juradas). El cita artículo incluso le faculta a la fiscalía a pedir informes sobre el Ministerio Público.
Mientras hay una sugestiva desidia de la Fiscalía en este caso, la gente ya salió varias veces a las calles a protestar contra este grosero robo en época de pandemia. La indignación de la ciudadanía cada vez es más y eso se nota en las caravanas, en las cuales se puede notar que aumenta la cantidad de participantes.