Recordemos que en fecha del 8 de junio del 2020, Royal notificó a la PGR sobre el inicio de la demanda de pago por consignación, a fin de que la institución la conteste dentro del plazo de ley, que ya se respondió según confirmó a ABC Color el procurador Sergio Coscia.
“El Estado centra su defensa en que las partes en el contrato de seguro (instrumentado en la póliza), han incluido voluntariamente las pautas de ejecución al primer requerimiento, renunciando a la verificación y liquidación del daño y que los aseguradores se obligan al cumplimiento de lo así estipulado, en virtud de la buena fe en el cumplimiento de los contratos, por lo que solicita que rechace los argumentos de la aseguradora en lo referente al condicionamiento de arbitraje promovido por Mota-Engil”, expresó.
Es que, a criterio de Royal, el MOPC solo podrá disponer de la mencionada caución si el arbitraje internacional -que está en proceso entre Mota Engil y el MOPC- sale a favor del Estado paraguayo, lo que según la PGR no corresponde.
Vale señalar que, a través de la demanda mencionada, Royal solicitó al juez de Primera instancia civil y comercial la apertura de una cuenta judicial a fin de consignar la suma de G. 40.390 millones, monto total de la garantía en cuestión.
“La aseguradora solicitó al Juzgado que el pago por consignación se condicione a las resultas del arbitraje promovido por Mota-Engil contra el Estado Paraguayo. Es decir, únicamente, en el eventual caso que se rechace la demanda promovida por Mota-Engil, el Estado Paraguayo podría retirar los fondos consignados en la cuenta judicial”, explicó Coscia.
Aseveró que con este actuar Royal pretende justificar las actuaciones de la firma Mota-Engil y los reclamos realizados al Estado Paraguayo. “El Estado paraguayo contestó la demanda alegando que la garantía de cumplimiento que fue emitida por la aseguradora fue diseñada para proteger al MOPC contra el eventual incumplimiento del contrato por parte de Mota-Engil. En ese sentido, y en atención a que Mota-Engil incumplió el contrato, el Estado reclamó a la aseguradora el monto de la póliza emitida”, añadió.
Insistió en que la aseguradora otorgó una garantía “a primer requerimiento”, que su característica principal es que el garante debe hacer el pago, sin entrar a analizar el incumplimiento de la obligación principal. En este caso, son únicos requerimientos: La afirmación del incumplimiento y la determinación del monto en un requerimiento escrito del asegurado.
Recordemos que la firma Royal tiene como accionista a Juan Carlos López Moreira, exjefe de Gabinete de Horacio Cartes, periodo en la cual se inició el fracasado proyecto del Metrobús, donde la empresa Mota Engil cobró US$ 30 millones y no avanzó ni la mitad de las obras.