Con 56 votos, los diputados aprobaron la ley de margen de preferencia. El proyecto en cuestión da preferencia a las empresas nacionales por sobre las extranjeras como una herramienta para la reactivación de la economía. Algunos legisladores indicaron que la medida es proteccionista. Existen posiciones dispares en torno a la idea, ya que los importadores sostienen que hay una competencia desleal.
La diputada liberal Celeste Amarilla opinó que el proyecto de ley es inconstitucional y atenta contra la libre concurrencia al crear un alza artificial de precios en beneficio de empresas nacionales. “Es una protección a los proveedores del Estado. Esto solo protege a quienes se presenten en licitaciones. Esto no le da margen al panadero de la vuelta, a la gente que confecciona”, refirió, dando a entender que solo beneficiará a grandes compañías locales.
El diputado colorado cartista Raúl Latorre defendió el proyecto de ley e indicó que favorecerá al sostén y la generación de empleos. Además, dijo que no afectará a los importadores de productos que no se fabrican en Paraguay.
Por su parte, Carlos Núñez Salinas (ANR) anticipó su acompañamiento a la versión del Senado para la aprobación del proyecto. El diputado Celso Kennedy (PLRA) expresó: “En la Comisión de Cuentas y Control, analizamos el punto que afirma el porcentaje del 40%. Consideramos que lo mejor sería que sea abierto, a través de un Decreto reglamentario”.
En su intervención, el diputado liberal Edgar Acosta se pronunció a favor de la ley, conforme a lo establecido por el Senado. “Apostemos a lo nuestro, que se enriquezca una industria nacional, ya que eso beneficia al país”, señaló.
Ramón Romero Roa (ANR) indicó que no apoyará el proyecto de ley. “Adelanto que no voy acompañar la versión del Senado, de este proyecto de Ley, pero si quería hablar sobre la imagen política que tenemos, y no me parece educado, correcto ni decente, defender una postura acusando al otro”, afirmó.
Basilio Núñez (ANR) expresó su molestia con su par Celeste Amarilla y la acusó de haber recibido “ya su pago por parte de los importadores” para pronunciarse contra el proyecto.
A su vez, el diputado Sebastián Villarejo (PQ) acusó al Gobierno de no tener una política pública clara para fortalecer la industria nacional. “Tengo que decir que, es un peligro disfrazar un supuesto apoyo a la industria nacional, cuando hay Pymes pidiendo auxilio y viendo cómo llegar a fin de mes”, recalcó.
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El diputado Sebastián García también dijo semanas atrás que la medida beneficiaría solo a los clanes de grandes proveedores del Estado, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden resistir el ritmo de pago del Estado, que se hace en largos plazos.
El Ministerio de Industria y Comercio y Contrataciones Públicas apuntaron a establecer topes, tanto por rubros como así definir los destinatarios. También coincidieron en que el aumento del porcentaje no se justifica en todas las compras.
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, había sostenido que la idea “puede constituir una herramienta que, aplicada de manera correcta, ya sea por sectores y en los casos en que promueva la reactivación económica post pandemia”, podría impactar en licitaciones de gran envergadura.
Sin embargo, advirtió del impacto socioeconómico de la preferencia nacional en las compras públicas, puesto que "las grandes obras de infraestructura tienden a requerir participación internacional”, especificó. Agregó que se podría negociar la participación de algunos sectores de industria nacional eficientes en cadenas productivas en este tipo de modalidades de compra, “por lo que es importante concluir el estudio en curso para poder aportar nuestro parecer a consideración de los legisladores, tanto para las compras públicas nacionales como las internacionales”.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, había dicho por su parte que la modificación de la Ley N° 4.558 que hoy da ese margen de 20% a la industria local podría implicar pagar 40% más por los mismos productos. “Es muy delicado, porque hay rubros en los cuales no se justifica destinar más recursos”, reflexionó y sugirió aplicar una reglamentación con topes y no una ventaja en porcentaje.