En la Essap, la facturación del mes de abril fue a partir de un promedio, en tanto que en el mes de mayo sí se midió el consumo y se facturó teniendo en cuenta la lectura pendiente del mes anterior, recalcó el titular de la Essap, Natalicio Chase, tras salir de una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Dijo que si hubo una diferencia a favor o en contra, el usuario ya fue acreditado y la facturación de abril y mayo se regularizó.
Es que estos dos meses son los que se deberían cancelar en caso de que entre en vigencia la ley que anula las facturas con “errores” de medición de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Essap, además de exonerar todas las facturas por seis meses, indicó Chase. Fue convocado hoy para explicar al mandatario las repercusiones económicas que tendría la ley en la aguatera estatal.
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“En caso de que se apruebe la ley, nosotros deberíamos cancelar las facturas de Essap de dos meses. Serían aproximadamente un poco más de 90.000 millones de guaraníes y dividir eso en 18 meses. O sea, el recupero de eso va a ser recién en 18 meses”, dijo el presidente de la Essap.
Indicó que en caso de que se promulgue la ley y se corte el flujo de dinero, la Essap tendría que recurrir a la banca privada o al Banco Nacional de Fomento (BNF) para poder cumplir con sus compromisos. “Endeudarse. Y en ese caso anular todos los proyectos de inversión que estamos llevando adelante, porque sería tomar el 100% las posibilidades de crédito que tiene la empresa para otros proyectos”, detalló Chase.
Destacó que en la Essap los errores en la facturación no fueron tan significativos como en la ANDE, ya que el promedio del consumo de agua potable de los usuarios es mucho más constante que el consumo de electricidad.
El presidente Mario Abdo Benítez deberá decidir si veta o promulga el proyecto de ley que exonera facturas de la ANDE y Essap por seis meses, además de cancelar las que tuvieron “errores” de facturación. En el caso de la ANDE, estiman una inversión de US$ 250 millones, dinero que la empresa estatal dice no tener.
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El Ejecutivo espera los reportes de las empresas afectadas para informar sobre la medida que tomará. Desde el Congreso informaron que aún no remitieron el documento al jefe de Estado.