El contralor señaló que actualmente están trabajando en la digitalización de los archivos. “Queremos empezar a publicar la próxima semana. Tenemos un plazo de 60 días para cumplir con la medida judicial. Apenas tengamos un grupo importante lo vamos a ir publicando paulatinamente”, manifestó. Dijo que le gustaría poder empezar a publicarlas el lunes, pero adelantó que podría darse en cualquier día de la próxima semana.
Admitió que aún no tienen el listado de todos los funcionarios. Por el momento tienen la lista de quiénes fueron los presidentes de la República, los vicepresidentes, congresistas, contralores, etc. Pero aún no tienen quiénes fueron los concejales, intendentes, gobernadores, desde el año 2008 hasta 2017. “Esta información no está a nuestra disposición por eso enviamos la solicitud a las instituciones públicas pidiendo estas listas”, afirmó.
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Señaló que presumen que en total deberán publicar más de 150.000 declaraciones juradas. Dijo que dependen de cuántas declaraciones juradas tiene cada funcionario.
Consultado acerca de si no se tiene previsto publicar todas las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos, el contralor dijo: “Para que ocurra eso, necesariamente se tiene que modificar la ley de declaraciones juradas. La ley que hoy sigue vigente establece como una condición necesaria para publicar esa información, una orden judicial. Por más que la Corte falle, eso no modifica la legislación”, indicó.
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Confirmó que existen 500 sumarios en proceso a funcionarios que no presentaron sus declaraciones juradas de bienes. La mayor cantidad de sumarios se hicieron en las binacionales, según indicó. Además, aquellos que no presenten o lo hagan en forma tardía, serán multados con trescientos jornales mínimos, unos G. 23 millones.
El contralor informó que nunca antes se había aplicado sumarios y multas. “Cuando yo asumí, me llamó muchísimo la atención porque nunca antes se había cumplido con esta sanción que dispone la Ley N° 5033. De hecho tuvimos que hacer un pedido a Hacienda, que sigue en trámite, porque nosotros no tenemos la capacidad de generar nuestros propios recursos”, apuntó.
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La orden judicial dispone que se publiquen las declaraciones juradas desde 1998 hasta 2017 porque la acción de amparo se presentó en 2017. El pedido abarca presidentes de la República, vicepresidentes, ministros, fiscales generales del Estado, agentes fiscales, ministros de la Corte, miembros del Congreso, miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, gobernadores, directivos de consejos de las binacionales, altos directivos de Aduanas, Puertos, todos los ordenadores de gastos de todos los organismos del Estado, decanos, rectores de todas las universidades públicas, gobernadores, miembros de la junta departamental, intendentes y concejales municipales, según señaló el contralor.