El Dr. Casati manifestó a ABC Cardinal que se encuentran “totalmente asombrados” puesto que la imputación y el pedido de prisión contra Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, presidenta de Insumos Médicos SA y Nidia Godoy Ojeda, directora titular de la misma firma. “Nos condenan en medio de un sumario en el cual no han corrido traslado para el descargo, es decir para ejercer el derecho a la defensa”, cuestionó.
“Evidentemente estamos corroborando la persecución que están recibiendo estas empresas por parte del Estado”, resaltó. Asimismo, calificó de “irregular y cuestionable” la investigación.
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Aseguró incluso que los fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme ni siquiera contaban con la carpeta fiscal porque en ese momento se encontraban en mano de los fiscales titulares, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia.
En cuanto al peligro de fuga alegada por la Fiscalía, indicó que no existe puesto que ambas poseen arraigo en el país, una por tener 4 hijos y la otra por haber invertido toda su capacidad económica en nuestro país y ofrecer un inmueble de más de un millón de dólares.
En cuanto a la obstrucción a la investigación, dijo que está “totalmente desvanecido”, aunque no precisó el motivo y volvió a calificar la imputación como “absolutamente irrisoria, irracional e ilegal”.
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En otro momento, dijo que fue el Gobierno el que “desesperado” convocó a sus clientes para proveer los insumos de protección biomédica en plena pandemia y tanto Eurotec como Imedic aceptaron el compromiso y proveyeron los insumos. “Cuando se vio relajado se dieron el lujo de rescindir el contrato por dos informes de una comisión especial de la compras para el covid y de la Contraloría que anteriormente admitió los lotes importados”, añadió.
El agente fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci y su colega Sussy Riquelme imputaron por el momento a la presidenta de Imedic SA, Patricia Ferreira Pascottini, hija del empresario Justo Ferreira, además de a Nidia Godoy Ojeda, directora titular de la misma empresa, y a Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de Aduanas.
Contra ellos hay orden de detención y pedido de prisión preventiva debido a la sospecha de existencia de varios tipos penales y la gravedad de introducir medicamentos sin verificación.
A los implicados les atribuyen cuatro hechos punibles: 1) producción de documentos no auténticos, 2) uso de documentos no auténticos, 3) comercialización de medicamentos no autorizados y, 4) asociación criminal, porque de acuerdo a la pesquisa montaron un esquema delictivo para la introducción de medicamentos provenientes de la India y China, con facturas adulteradas y guías aéreas también falsas para lograr evitar los controles.