El diputado Hernán Rivas juró el pasado 9 de junio como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mismo día en que gestionó y entregó su título de abogado.
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Al respecto, el abogado Federico Campos López Moreira anunció una denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía en contra del diputado.
En la denuncia recuerda que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es la instancia judicial más importante después de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y apunta que declaró falsamente u omitió deliberadamente, primero ante el Congreso Nacional y luego ante el JEM, el tener la experiencia, capacidad e idoneidad jurídicas como señala la Constitución.
Esto hace referencia al artículo 16 de la CN, que establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por jueces competentes, independientes e imparciales.
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Resalta de esta manera que ahora “un diputado, quien siendo incompetente, sin experiencia aprobada alguna, insuficiente e incapaz juzgará a las actuaciones de los magistrados de nuestra República”.
Este posicionamiento se suma a la indignación de la Asociación de Abogados de Itapúa, de donde proviene Rivas, que había instado al diputado a que demuestre que tiene el título universitario que lo califica para practicar derecho, luego de que el mismo haya confesado que no ejerció la profesión.
Así también ciudadanos autoconvocados se manifestaron este martes último frente al Palacio de Justicia de Ciudad del Este para cuestionar el nombramiento del legislador como representante del JEM.
En ese contexto, es importante resaltar que el Congreso aprobó un proyecto de ley para que la presentación falsa de declaraciones juradas deje de ser un delito. Sin embargo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que vetaría dicha propuesta, porque asegura que se trata de un pacto de impunidad.
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Cabe recordar además que Hernán Rivas entró en reemplazo del diputado Ramón Romero Roa, quien fue removido por un proyecto de resolución aprobado por sus colegas, pero el mismo aseguró que esto fue ilegal, ya que un miembro del Jurado deber ser destituido únicamente vía juicio político. Romero Roa señaló que sus compañeros lo quitaron del puesto porque él no estaba dispuesto a hacer favores ni a intervenir en procesos judiciales.
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