Siete de los nueve integrantes de la Corte Suprema ya emitieron sus votos en el caso que analiza la publicidad o no de las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Solo faltan la ministra Carolina Llanes y la magistrada María Mercedes Buongermini.
Llanes recibió el lunes a primera hora el expediente en su despacho y hasta el momento no habría emitido su voto, de acuerdo a fuentes de la máxima instancia judicial. Desde que quedó integrada de forma definitiva la Sala Constitucional de la Corte, el caso había avanzado rápidamente entre los despachos de los diferentes integrantes, sin embargo ahora volvió a sufrir una frenada.
Los anteriores integrantes de la Sala Constitucional habían emitido sus opiniones con relativa celeridad y en un período máximo de 48 horas. La demora en el tramo final volvió a poner un freno a la intención de dar sentencia definitiva ya esta semana.
El pasado domingo el ministro Manuel Ramírez Candia había asegurado en el programa “En Detalles” de ABC Tv, que el caso tendría sentencia definitiva ya esta semana. Este miércoles, volvió a asegurar en conversación con la 1080 AM que entre el jueves de esta semana y el lunes debería haber sentencia definitiva.
Sin embargo, desde la máxima instancia judicial pusieron en duda que finalmente se pueda cumplir con este plazo debido a la demora de los últimos dos votos.
En Diputados intentan frenar
Mientras la Corte debe definir si el criterio legal imperante es que las declaraciones juradas de los funcionarios estatales sean o no públicas, la Cámara de Diputados intenta a toda velocidad ponerle nueva trabas al derecho de Acceso a la Información Pública.
La semana pasada el Senado se ratificó en la abrogación de la Ley 6355, para hacer definitivamente públicos estos documentos; desbaratando la versión de Diputados que no solo ponía más trabas para acceder a la información sino que sacaba las sanciones penales en caso de presentar declaraciones juradas falsas.
Dando una celeridad poco habitual, la Cámara Baja pretendía volver a tratar ese tema en su sesión de este miércoles; precisamente en la semana que la Corte debería dar un corte definitivo al tema. Finalmente la intención no prosperó.
Siete votos emitidos, faltan dos
El magistrado Óscar Paiva fue el séptimo miembro de la Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia en emitir su voto en el caso que definirá si las declaraciones juradas de altas autoridades de la República son o no públicas, según señalaron fuentes de la máxima instancia judicial a ABC.
Antes de Paiva ya habían emitido sus votos el magistrado Guido Cocco; los ministros Alberto Martínez Simón y Manuel Ramírez Candia; y los magistrados Marcos Riera Hunter y Valentina Núñez.
Paiva entregó el viernes su voto y con ello solo faltan las opiniones de la Carolina Llanes y la magistrada María Mercedes Buongermini; según el orden sorteado.
Si existe predisposición, la máxima instancia podría reunir los dos votos finales y realizar la sesión televisada para dar a conocer la sentencia definitiva del caso esta misma semana.
Prometieron celeridad
“Esta cuestión se ha dilatado en exceso”, había reconocido el mismo Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema, semanas atrás.
“Un compromiso de todos nosotros es hacer lo antes posible la sesión pública donde cada integrante explique su voto o se adhiera al voto de otros integrantes de esta Sala Constitucional ampliada”, aseveró Martínez Simón. “Vamos a hacer el seguimiento para que sea lo más rápido posible”, agregó el presidente de la máxima instancia judicial.
Secreto en torno a votación
Hasta ahora se desconoce el sentido de los siete votos emitidos.
Altas fuentes del Poder Judicial señalaron que los votos fueron entregados en sobres cerrados y solo los integrantes de la Sala Constitucional han tenido acceso a los mismos.
Ministra que prometió transparencia
Carolina Llanes, quien se convirtió en ministra de la Corte luego de su buen trabajo como interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, llegó a la máxima instancia judicial prometiendo transparencia y lucha frontal contra la corrupción.
Su voto en este caso será la evidencia real de si realmente está dispuesta a luchar por la transparencia y contra la corrupción.
Un caso que lleva dos años
El pleno de la Corte debe estudiar una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría contra dos sentencias judiciales que ordenaron al ente a liberar la información.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del año 2018 por el entonces contralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes.
El Tribunal de Apelación, Primera Sala, ratificó el 7 de junio de 2018 la histórica sentencia con los votos de Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander Dans.
La acción fue presentada en julio de 2018.
Información de todos
Si bien el actual contralor, Camilo Benítez, sostuvo que una eventual sentencia favorable significaría entregar la información solo al periodista que realizó el reclamo judicial, las sentencias anteriores son claras al señalar la obligación de la Contraloría de publicar los documentos en su sitio web para que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos.
En “año contra la corrupción”
La máxima instancia judicial debe dictar sentencia definitiva sobre el primer caso que llega hasta esa instancia desde la promulgación de la ley de acceso a la información pública.
El Poder Judicial había declarado al 2020 como “año contra la corrupción y la impunidad”. Precisamente debe definir si entrega o no la ciudadanía una herramienta más de control que permitirá rastrear el crecimiento patrimonial de quienes administran la cosa pública.