“Es una invitación para que rinda cuentas y para informar”, destacó el senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA, B), sobre la convocatoria del Senado al presidente Mario Abdo Benítez. Añadió que se basan en la Constitución Nacional y el Estado de Derecho, además de que los poderes del Estado deben tener una recíproca coordinación del Gobierno.
Aclaró que solo se trata de una invitación y que el Senado no puede realizar ninguna citación ni interpelación. Recordó que, al igual que las cumbres de Poderes del Estado que se realizan periódicamente, el objetivo de la convocatoria es conversar y analizar determinados temas. “No solo puede, creo que es su deber hacerlo (rendir cuentas)”, añadió.
Recordó además que la Ley de Emergencia Sanitaria por el nuevo coronavirus establece que el Presidente debe rendir cuentas e informar sobre todo lo realizado con los fondos previstos para la lucha contra la enfermedad.
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“Cuando hice el pedido y la construcción, atendiendo a una serie de razonamientos, terminé con la necesidad de que el Presidente explique por qué, y una de las razones era sencilla: él no tomó el liderazgo en la toma de decisiones, por lo menos de manera visible y explicativa y transparente en tiempos de pandemia, y dejó en manos del ministro de Salud. Entonces, no hace conferencias de esas periódicas y explicativas, no esas conferencias de datos”, cuestionó el senador Ayala.
Concluyó que Mario Abdo debería tomar esto como una oportunidad para explicar en detalle las motivaciones de todas sus decisiones. “Leyendo los decretos relativos a la emergencia, no cumple con un requisito básico: la motivación de sus actos. Uno no sabe por qué toma unas medidas y otras, porque no lo dice públicamente, y la discusión para la toma de decisiones no fue pública”, criticó.
En la sesión de ayer, el Senado resolvió invitar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que explique por qué ocurren los supuestos hechos de corrupción en Salud Pública con los fondos aprobados para la Ley de Emergencia Sanitaria. La convocatoria es para el próximo martes 2 de junio.
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La invitación fue aprobada luego de que el titular de la Comisión Bicameral de Control de la Ley de Emergencia, el senador Amado Florentín (PLRA, B), informara que dicho órgano elevó denuncias a la Fiscalía por los casos de corrupción que involucran al Ministerio de Salud. Florentín también repudió al Gobierno por disponer de millonarios fondos y no utilizarlos ni transferirlos para atender la salud y al sector microempresarial, duramente afectado por la cuarentena.
Incluso, informó que la Ley de Emergencia no aprobó préstamos por US$ 1.600 millones, sino por US$ 1.990 millones. Sobre esto señaló que el Ministerio de Hacienda sigue planeando más deudas, incluso con las binacionales.
Fue el senador Ayala quien pidió expresamente en la sesión de ayer que Abdo Benítez sea quien rinda cuentas ante el Congreso.
Cabe recordar que en el marco de la pandemia y la promulgación de la ley de emergencia varias instituciones realizaron cuestionadas licitaciones para la compra de insumos médicos como por ejemplo tapabocas. Por ejemplo, el primero en ser altamente cuestionado fue el caso de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), que ahora está siendo investigado por la Fiscalía.
Las sospechas apuntan a que el precio de las mascarillas adquiridas por la institución no solamente fue sobrefacturado, sino que el propio entonces titular, Édgar Melgarejo, habría negociado directamente estas compras, a pesar de haber dicho que no estaba enterado de los pormenores del proyecto. La Fiscalía también apunta a que las empresas proveedoras eran de maletín e integrarían parte de un esquema de corrupción.
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Esto le costó la renuncia a Melgarejo. Luego saltó el caso de Petropar, que habría comprado barbijos y agua tónica sobrefacturadas supuestamente para la lucha contra la pandemia. De la misma manera, Patricia Samudio, entonces presidenta de Petropar, presentó su dimisión al cargo luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía en el marco de la investigación del caso.
El más reciente involucra caso al propio Ministerio de Salud, por contratos con las firmas Imedic y Eutotec para la compra de insumos médicos que suman G. 80.000 millones. Según el informe de Contraloría, el proceso estuvo viciado de irregularidades.
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El Ministerio de Salud se vio obligado a rescindir el contrato e instruir sumario contra siete funcionarios. Además la Fiscalía inició una investigación por dos denuncias presentadas, una de los legisladores contra el Ministerio y otra por el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni contra las dos firmas proveedoras, relaciondas al Clan Ferreira.
Ayer el presidente Mario Abdo Benítez brindó un enérgico discurso defendiendo la gestión del Ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia. Pidió que se investigue a todos los involucrados con esta adjudicación y “si hay alguien que intentó defraudarle al Estado, que vaya preso”. Aseguró además que si atacan al ministro Julio Mazzoleni es porque creen que quiere candidatarse como presidente de la República por tener un “98% de aceptación” del pueblo.