Después de tres años del asesinato de Rodrigo Quintana, el jueves 11 de junio a las 8:30 se llevará a cabo la audiencia preliminar en la que se decidirá si finalmente la causa es elevada o no a juicio oral y público, como lo solicitó la Fiscalía. El único acusado en este fatídico caso es el policía Gustavo Florentín, quien supuestamente disparó a Quintana.
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Cabe recordar que el hecho se produjo el 1 de abril de 2017, en el marco de las protestas ciudadanas que buscaban detener las intenciones reeleccionistas del presidente Horacio Cartes vía enmienda de la Constitución Nacional.
Ese 31 de marzo, la ciudadanía había salido a las calles a manifestarse pero rápidamente la situación se puso tensa y se produjeron muchos hechos de violencia. Tanto fue el descontrol que un grupo de inadaptados prendió fuego al Congreso Nacional y varios vehículos que se encontraban en el centro de Asunción.
Rodrigo Quintana se encontraba en la sede del Partido de Liberal, donde había llegado un grupo de manifestantes para esconderse. Los uniformados atropellaron el local partidario y ni bien se abrieron las puertas dispararon a quemarropa. Según se puede observar en las imágenes de circuito cerrado Quintana trató de correr para esconderse pero fue alcanzado por una bala mientras estaba de espaldas y cayó inmediatamente al suelo.
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Los uniformados tampoco auxiliaron de manera inmediata al joven caído y ya después se constató su deceso. Lo más llamativo del caso es que los cascos azules portaban balas de plomo cuando en toda la represión de manifestantes se habían utilizado balines de goma. Las autoridades quisieron instalar la versión de que Florentín se había escapado para sumarse al operativo, pero las grabaciones muestran que el mismo estuvo desde tempranas horas integrando el grupo de Policías.
Asimismo, si bien Florentín pudo haber sido el autor material, la pregunta que siempre quedó latente es quién dio la orden para atropellar un local partidario y disparar balas de plomo sin mirar a quién, cuando en el sitio se encontraban incluso legisladores nacionales. Incluso la Fiscalía se negó a hacer el cruce de llamadas de esa noche entre las principales autoridades vinculadas al entonces Presidente Cartes.
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