“(Julio Mazzoleni) no tiene forma de justificar, pudo haber ocurrido (que le “embromaron”) pero la responsabilidad desde su posición de garante con respecto al uso del dinero público es ineludible. No cabe el argumento que está dando Mazzoleni; es un argumento tibio que no tiene andamiaje jurídico y constitucional”, cuestionó la diputada González con respecto a los presuntos hechos de corrupción detectados en la compra de insumos para hacer frente a la pandemia.
La parlamentaria destacó que este proceso desde un principio se “encaró mal”, pues fue llevado adelante como un “simple negocio civil. Era una carga de interés público y como tal debió ser tratada, no se puede hablar de estas desprolijidades como un mero error de proceso. Acá hay cuestiones sumamente graves”, cuestionó en contacto con ABC.
Asimismo, dijo que los sumarios administrativos que fueron anunciados no son suficientes. “No representan el real sentir de un Gobierno que debe ponerse firme, del lado de una ciudadanía angustiada que ha tenido que pasar por demasiadas privaciones en este tiempo para que finalmente se pueda consolidar una estafa, porque eso es lo que fue ese negocio: una estafa”, sentenció.
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Sumario para siete personas
Anoche. el ministro Mazzoleni brindó una conferencia de prensa para hablar sobre este caso y el sumario administrativo que se realizará tras la polémica adjudicación a las empresas Imedic SA y Eurotec, ambas de Justo Ferreira.
Destacó que el sumario afectará en principio a Pablo Lezcano, exjefe de la Unidad de Contrataciones Públicas del Ministerio de Salud, y a los miembros del comité evaluador. En total, son siete personas las que serán investigadas.
Además, el ministro dio a conocer que firmó la rescisión de contratos con ambas firmas involucradas en la licitación que fue calificada de “viciada en todas sus etapas” por la Contraloría General de la República. Teniendo en cuenta el informe de este organismo, el domingo, Mazzoleni ya presentó ante la Fiscalía una denuncia penal sobre la compra de estos equipos biomédicos que primeramente fueron rechazados por no cumplir las especificaciones técnicas requeridas.
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Anoche, el ministro también reconoció que firmó la resolución de adjudicación para las mencionadas empresas. No obstante, aclaró que el documento solo contenía un resumen de todo el proceso licitatorio.
Con respecto a las declaraciones de Alcides Velázquez, exdirector administrativo del Ministerio de Salud -quien afirmó ayer que “siguió sus instrucciones directas"-, Mazzoleni respondió que no puede hacer juicios de valor sobre este punto y se limitará a esperar los resultados del proceso investigativo que está en curso. “Cuando el licenciado Velázquez dice que depende de mí, es así, yo soy suficiente, lo que no significa que yo le haya dado ninguna indicación para presionar a nadie”, acotó.
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El contrato fue por G. 80.000 millones para las dos empresas y se realizó un adelanto de G. 17.000 millones que deben ser devueltos al Gobierno. Ese pago fue uno de los principales puntos controversiales, atendiendo a que la Contraloría considera que entregar un adelanto contradice los principios de una compra de insumos por la vía de la excepción.
Esta licitación fue la primera y más grande para la compra de insumos médicos para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus. El avión carguero que llegó al país el 18 de abril era conocido como “el carguero de Beto”, porque el extitular de la Dinac Édgar Melgarejo se presentaba como el gestor para la consecución del transporte aéreo.
El vuelo fue anunciado con bombos y platillos, pero luego de unas semanas de su llegada, el Gobierno anunció que los equipos no cumplían las especificaciones técnicas previstas en el Contrato.
A partir de allí, varias instituciones empezaron a verificar todo el proceso licitatorio y el cargamento. En principio, solo se anunció el rechazo parcial, pues algunos de los insumos sí estaban en condiciones de ser entregados. Sin embargo, tras el duro y muy claro informe de la Contraloría, en el cual se detectaron al menos 14 irregularidades en el proceso, finalmente el Ministerio de Salud decidió rechazar todos los insumos y rescindir el 100% del contrato.
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Entre los puntos cuestionados por la Contraloría se encuentran que la adjudicación se hizo sin que el Ministerio de Salud haya hecho los análisis técnicos, sin que se haya recibido una muestra de los productos a ser adquiridos y pese a que las firmas no presentaron la autorización del fabricante ni el certificado de registros sanitarios que debe ser emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
Además, el Pliego de Bases y Condiciones del llamado no contiene la información sobre el crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato, establecido en la Ley N° 6.524/2020, “Que declara estado de Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay”.
Otro punto muy importante cuestionado por CGR es que los miembros que conformaron el Comité de evaluación de ofertas de este llamado no fueron nombrados por Resolución de la máxima autoridad institucional.
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El exdirector de la UOC Pablo Lezcano confirmó que él fue presionado por Velázquez para acelerar el proceso, pero acotó que la premura se generó porque nos encontramos en un contexto de pandemia mundial y adquirir estos equipos era muy complicado, por lo cual su dependencia no deseaba “trabar” el proceso y decidieron acelerarlo, mientras que el ex director administrativo apunta a sus superiores.
Tanto Lezcano como Velázquez y Mazzoleni coinciden en que si se cometieron “errores” en el proceso es porque en esos meses se vaticinaba una situación descontrolada con relación al virus.
Sin embargo, tras 77 días de cuarentena sanitaria, gracias a que las familias respetaron las medidas recomendadas por los especialistas para frenar el virus y a ciertas medidas tomadas por la cartera sanitaria, hoy en día casi todos los casos son detectados dentro de los refugios previstos para los viajeros. A la fecha tenemos 11 fallecidos por la enfermedad y 865 infectados, de entre los cuales 344 ya están recuperados.
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