Hasta el momento ya son casi 3.000 las personas imputadas por el Ministerio Público por violación de la cuarentena sanitaria decretada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para prevenir la expansión del COVID-19. Respecto a cómo se van a llevar a cabo esa cantidad de procesos, habló en entrevista con ABC la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes.
La magistrada dijo que en conversaciones con la Fiscalía General del Estado en la acordada de la máxima instancia judicial ya aprobaron un plan de depuración de causas penales ingresadas durante la cuarentena, “teniendo en cuenta que el marco penal vigente de que el sistema penal puede dar diversas respuestas a la criminalidad, digo en manera genérica”, expresó.
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“Yo estoy convencida de que entre estas 3.000 personas la mayoría son ciudadanos comunes que no tuvieron intenciones de delinquir, pero ante una situación de emergencia difícil de actuar, infringieron algunas reglas penales que generaron esos procesos y el sistema penal genera varias respuestas que no necesariamente tienen que ser punitivas, porque la respuesta del castigo es la última ratio, dicen los penalistas del sistema. Eso es un proceso largo que requiere de un juicio oral”, agregó.
Explicó que como alternativa existe un proceso corto que se puede dar a partir de un requerimiento fiscal. “Porque es el Ministerio Público el que puede decir: ‘imputo y sigo hasta la última consecuencias’ o 'dejo cesante la acción penal y pido un criterio de oportunidad y solicito la imposición de un resarcimiento social del daño, por ejemplo”, explicó.
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Enfatizó que ese es el enfoque de la Sala Penal que la Corte quiere dar como respuesta a la situación generada por la pandemia. “Estamos en reuniones frecuentes y prácticamente diarias con fiscales adjuntos del Ministerio Público, en conversaciones con la doctora Sandra Quiñónez también y tenemos ya sobre cómo vamos a concluir estos procesos y ya contamos con algunas pautas sobre las que estamos consensuando”, acotó.
Sostuvo que en ese marco, quieren firmar un convenio entre ambas instituciones y luego saldría la acordada de la Corte la semana que viene. “La idea es reglamentar los juzgados de toda la república y los procesos que se llevarán para hacer estos procedimientos administrativos”, subrayó.
La ministra Carolina Llanes confirmó que necesariamente hay como niveles de responsabilidad en los procesos que se llevan a cabo. Nosotros estamos evaluando la casuística, porque estas soluciones alternativas no se aplican por ejemplo a crímenes, se aplican a delitos menores que no causaron un perjuicio y que no tuvieron un impacto digamos importante en la comunidad donde se produjeron o en la víctima, si es que hay una víctima, así que justamente es ese tipo de decisiones que estamos evaluando (...) Los casos graves no pueden luego configurarse en estos presupuestos", aseveró.
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“Acá lo que se busca es darle una respuesta alternativa al juicio a cambio de un resarcimiento social del daño y que ese resarcimiento sea direccionado hacia las instituciones que están trabajando para contener esta pandemia, llámese Ministerio de Salud, SEN (Secretaría de Emergencia Nacional), Diben (Dirección de Beneficencia y Ayuda Social), o instituciones que están paliando las necesidades económicas que están teniendo las personas que quedaron sin trabajo y que tienen que comer todos los días. La idea es devolver a la sociedad de manera simbólica y efectiva el resarcimiento del daño ocasionado ante la infracción, no como condena sino como resarcimiento”, aclaró.
Hasta la fecha van 58 días de la cuarentena implementada en el país para evitar la expansión masiva del COVID-19. Ya son 440 los casos que dieron positivo al temido virus, de los cuales 10 fallecieron y 142 lograron recuperarse.