“Tenemos conocimiento que las salidas procesales abreviadas implementadas por el Ministerio Público se circunscriben en su mayoría por donaciones que realizan los imputados a favor del Estado y recepcionadas por los agentes fiscales. Sin embargo, el mecanismo de las donaciones de referencia no son transparentes y no cuentan con un respaldo de protocolos o instructivos de la Fiscalía para orientar su aplicación”, señala la nota remitida a la fiscala general Sandra Quiñonez.
En la misiva, firmada por las abogadas María Esther Roa, lider de la CACE, Aide Vera, y la licenciada Miriam Benítez Romero, mencionan a la Fiscala General que es necesario establecer un control para que las donaciones que los 2.000 imputados entreguen, lleguen a las personas necesitadas.
En ese sentido instaron a la misma a elaborar un instructivo de aplicación, recepción, inventario y destino de los víveres, los cuales resaltan deben ser no perecederos.
Recomiendan que funcionarios asignados para el efecto sean los que se encarguen de recibir las donaciones y entreguen a la Pastoral Social Arquidiocesana u otras organizaciones civiles al servicio de sectores vulnerables.
Finalmente, piden que todos los datos de estas donaciones así como la salida procesal, sean difundidos a través de la página web del Ministerio Público.
Entre las argumentaciones que esgrimieron, resaltaron que existe una gran parte de la población que no está recibiendo la ayuda necesaria del gobierno para satisfacer sus necesidades básicas, lo que podría culminar en una explosión social y que atentará contra la cuarentena sanitaria, razón por la cual instaron a la Fiscalía a convertirse en un actor importante para colaborar a evitar que dicha situación ocurra.