“Yo creo que no están dadas las condiciones para el estado de excepción. De hecho, la emergencia sanitaria, la aplicación de la cuarentena sanitaria es una excepción de hecho. Lo que estamos pidiendo, por eso, es la participación fiscal para que se apliquen las disposiciones punitivas del ordenamiento jurídico”, afirmó el ministro tras una reunión de evaluación del cumplimiento de las restricciones que se realizó esta mañana en la Comandancia de la Policía.
“Vamos a esperar a que haya conmoción social, porque eso exige la Constitución para el estado de excepción, no lleguemos a eso (...) Por favor, no esperemos la conmoción social para aplicar una ley marcial, no hace falta”, apuntó el ministro para no obligar al Gobierno a tomar medidas más duras que impliquen restricciones más severas. No obstante, no descartó que esta acción extrema se pueda adoptar si la ciudadanía sigue en desacato general.
“No están dadas las condiciones, pero puede haber la conmoción social por una epidemia descontrolada, estamos a tiempo de controlar eso”, insistió y reconoció que, si fuera por él, aplicaría de manera más rígida la ley.
“Si es por mí, la verdad que aplicaría la ley hasta de una manera casi transversal, pero no se puede en el estado de derecho ser autoritario. Si fuera por mí, sublevación personal; te juro que me gustaría salir con una guacha en la mano. No puedo”, indicó.
En lo que sí insistió es que los fiscales acompañen y sean severos con las sanciones, ya que solamente ayer hubo 130 detenidos infringiendo la restricción sanitaria. “Lo que sí pedimos es que esta excepción de hecho se aplique con la mayor firmeza, necesitamos por eso de los fiscales”, dijo y agregó dirigiéndose a los fiscales: “Lávense las manos, pónganse tapabocas, pero salgan a acompañar a la Policía en la labor de dispersión y eventualmente en la de detención de los que se resisten”.
Aprovechó para recordar las sanciones establecidas para los que salen sin motivo de sus casas. “Se exponen en primer lugar -y esto no les va a gustar- de 8 a 40 millones de guaraníes de multa y vamos a hacer que se le ponga 40 millones y un poquito más y, si no quieren pagar, se exponen de 6 a 18 meses de penitenciaría”, apuntó.
Respecto a casos de municipios donde se cerraron las vías de acceso incluso con montículos de tierra, el ministro advirtió que es inconstitucional. “La ruta no puede cerrarse, es una garantía constitucional, tienen derecho al control, a las preguntas, a la fiscalización de vehículos. Lo que no hay derecho es a clausurar rutas. Instamos a que los intendentes y policías trabajen con los fiscales”, afirmó.