El viernes pasado la Sedeco culminó el sumario que abrió contra Telefónica Celular del Paraguay - Telecel SAE, empresa local de la multinacional Tigo del Grupo Millicom.
El ministro de la Sedeco, Juan Estigarribia, informó que se decidió aplicar una multa de 1.000 jornales mínimos (actualmente G. 84.340.000), como también la devolución a sus clientes del servicio de cableoperadora del 10% del abono del mes de noviembre último, de conformidad a la potestad que le confiere a la institución la Ley N° 1334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario.
La investigación se abrió tras la queja de los usuarios por la interrupción de la señal de televisión en los primeros minutos del último partido de fútbol entre Olimpia y Cerro Porteño, que se jugó el domingo 24 de noviembre pasado y cuyos derechos de transmisión son exclusivos de Tigo.
Apelarán decisión de Sedeco
La empresa de telecomunicaciones emitió hoy un comunicado para informar que está disconforme con la decisión de Sedeco y anunció que recurrirá ante un tribunal contencioso-administrativo para tratar de revertir la sanción impuesta. La empresa alega que apelará para discutir frente a un órgano independiente los puntos del resultado del sumario que considera que no se ajustan a Derecho.
Esta no es la primera vez que Tigo es sancionada, tanto por Sedeco como por la justicia ordinaria. Por ejemplo, en junio de 2015 Sedeco también multó a la empresa a pagar G. 28.062.400 (400 jornales en ese entonces) a un cliente que tuvo limitaciones a acceder a créditos porque ingresó a Informconf debido a una deuda que ya había cancelado con la telefonía.
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Igualmente, otro caso en la que Tigo demandó a un cliente, terminó con un fallo del Tribunal de Cuentas y finalmente a la Corte, en 2017, a favor del usuario. Se eximió el pago de una factura que cobraba al demandado por el roaming internacional, porque la empresa no informó convenientemente al cliente sobre este servicio.
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Además, según estadísticas de la Sedeco, las telefonías (Claro, Tigo, Personal y Vox), junto a las entidades financieras, son las empresas más denunciadas por la violación a los derechos del consumidor.
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