La agente del Ministerio Público comentó a los medios de prensa que Mario Ferreiro, en su declaración, dijo que le había llegado la denuncia de Camilo Soares, su ex aliado político, y que solicitó a funcionarios de su confianza que averigüen la veracidad o no de la denuncia. “Recurrió a personas de la Municipalidad para confirmar eso, pero como no encontró nada, le restó interés y la consideró como una cuestión extorsiva”, subrayó.
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Añadió que la defensa del exintendente también presentó su descargo por escrito ante el caso “caja paralela”, lo cual será analizado. Consultado si Ferreiro sería imputado en este caso, respondió que “en la fecha o en la brevedad posible” tomará una decisión al respecto.
Cano recordó que existe, a la par, denuncia de ciudadanos organizados contra la administración de Ferreiro, específicamente sobre los casos Ivesur, Parxin, Tx Panamá y Empo. Sobre estos puntos, el exjefe comunal respondió que con Empo se tiene un contrato desde el 2005, mientras que en lo que respecta a Ivesur el caso ya estaba judicializado. En cuanto a TX Panamá afirmó que la firma de contrato con la referida firma internacional fue con anuencia de la Junta Municipal.
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Hay pruebas de la existencia del grupo
En cuanto a las pruebas que tiene hasta ahora el Ministerio Público, reiteró que son importantes. Consultada si las impresiones de pantalla del grupo de mensajería Telegram denominado “Asado de fin de semana”, donde se planificaba supuestamente la “recaudación paralela”, tendrán valor como prueba en un juicio, respondió que las utilizan como pistas para llegar a algo concreto. En ese sentido dijo que efectivamente llegaron al famoso cheque a nombre de la empresa “Ocho A SA Constructora” por un valor superior a los G. 1.600 millones. Al respecto, Cano expresó que dicho cheque no fue cobrado porque carecía de la autorización de un fiscalizador de obras de la comuna.
“Entonces la impresión de pantalla no tiene valor probatorio, pero sí los elementos en su interior”, concluyó la fiscala.
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El proceso se inició con la denuncia de Camilo Soares ante el Ministerio Público por una supuesta caja paralela en la Municipalidad de Asunción, bajo el sustento de capturas de pantalla de una aplicación de mensajería en la que se encontraban varias personas del entorno de Mario Ferreiro, entonces intendente de Asunción, en el cual supuestamente se hablaba de las operaciones que iban a realizar o que estaban en curso.
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El 19 de diciembre pasado, la Fiscalía allanó la Comuna capitalina y ese mismo día imputó a seis personas: el entonces jefe de Gabinete de la Comuna, Carlos Marcelo Mancuello, y el entonces secretario de Gabinete, Víctor Ramón Ocampos (ambos por lesión de confianza y tráfico de influencias); el director de Recursos Humanos, Aureliano Servín Maldonado; la exdiputada María Rocío Casco (ambos por tráfico de influencias, coacción y coacción grave), así como Alberto Mauricio Ferreiro y Fernando Arturo Ferreiro, sobrinos del intendente Mario Ferreiro (ambos por tráfico de influencias).
Al día siguiente, Ferreiro presentó su renuncia ante una inminente intervención a su administración. Sin embargo, no había suficientes indicios que lo vinculen a este grupo. Ayer se dio a conocer que un testigo aseguró no solo que el entonces intendente de Asunción sabía de la situación, sino que había dos cajas paralelas de recaudación, razón por la cual la Fiscalía decidió convocarlo para declarar en la fecha.