La designación fue firmada este mediodía y los primeros trabajos se realizarán la próxima semana. Los primeros elementos que tiene la Fiscalía son tres auditorías: dos, realizadas por la Contraloría General de la República, y una, ejecutada por el anterior presidente de la INC, Javier Rodríguez. Los documentos fueron remitidos a la Fiscalía la semana pasada por la actual administración de la cementera, presidida por Ernesto Benítez, luego de que el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, así lo dispusiera.
La auditoría, que trata específicamente sobre la utilización del monto de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos, impulsada por Rodríguez cuestiona, entre otros puntos, la ejecución de los contratos para la provisión de nuevos equipos para el horno de Vallemí y el nuevo molino para la planta de Villeta, el enfriador de clínker, el secador de puzolana y otros, que son los principales proyectos, entre los que se destaca el “cambio de combustible del horno III de clínker” (reemplazaron el fueloíl por coque de petróleo).
La otra auditoría fue ejecutada por la Contraloría General de la República, que aunque abarcó casi la totalidad de la administración de la cementera, también incluyó una “fiscalización especial inmediata” sobre esa cifra supuestamente invertida.
En la INC se gastaron US$ 76 millones del total y no se llegó al resultado anunciado, de ahorrar US$ 20 millones al año y elevar la producción diaria de clínker de 2.000 a 2.200 toneladas, y de cemento, de 50.000 a 90.000 bolsas. Actualmente, la INC produce menos de 30.000 bolsas de cemento por día.
Asimismo, el presidente Ernesto Benítez confirmó a nuestro diario la semana pasada que solicitaron al Ministerio de Hacienda el fraccionamiento de las cuotas vencidas a partir del año 2020, en vista de que las inversiones aún no se terminaron (la excusa es que falta ejecutar US$ 4 millones) y, por otro lado, reconoció que no se están generando los ingresos necesarios para honrar la deuda.