El jefe de Gabinete del Presidente y exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, respondió a los cuestionamientos de sectores, como parte del Frente Guasu, que acusan de injerencia de los EE.UU. la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Funcionarios de estas dos oficinas norteamericanas se reunieron la semana pasada con autoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General para conformar una mesa de trabajo conjunta.
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“Yo no veo (ni) medio atentado contra la soberanía paraguaya, no veo abdicación en ningún punto de los roles específicos que la Constitución y las leyes le encomiendan al Estado paraguayo”, indicó a ABC Cardinal Juan Ernesto Villamayor.
“Estoy viendo, sí, la construcción de un espacio de cooperación que tiene como finalidad evitar zonas delictivas. Entonces, nadie me podrá decir a mí en su sano juicio que el delito, que la comisión de delitos, constituyan actos soberanos”, agregó.
Es que el senador de la concertación de partidos de izquierda y centroizquierda Frente Guasu Sixto Pereira había denunciado que el presidente Mario Abdo Benítez está dejando en manos de Estados Unidos la investigación y los procesos judiciales de sospechosos de corrupción, lavado de dinero y otros delitos. No obstante, el también senador del Frente Guasu Hugo Richer destacó que muchos políticos y empresarios no están tranquilos debido a la instalación del FBI en Paraguay.
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“En la medida que eso no sea un acto de soberanía y que el delito sea sencillamente una transgresión al pacto social y al modo de convivencia, mientras no se pueda argumentar que eso es un ejercicio de soberanía, su persecución en atención al impacto internacional que tiene, tampoco puede reclamarse como ejercicio de soberanía”, indicó también el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
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Aclaró que la administración de Justicia siempre estará a cargo de las instituciones públicas paraguayas. “(La cooperación) no implica en modo alguno abdicar de la capacidad persecutoria del Estado paraguayo respecto a los delitos cometidos, pero implica sí también la obligación de todo el Estado de cooperar en materia de información y en materia de toma de decisiones para garantizar la persecución del delito”, dijo Villamayor.