La resolución de la jueza Franco González “es un absurdo en primer lugar porque la jueza está prohibiendo a estos ciudadanos acercarse a una institución pública”, reprochó el abogado Óscar Tuma, quien asumió la defensa de Natalia Daniela Ávalos Villalba, Liliana Cardozo Fernández y Viviana Raquel Benítez Lesme, las afectadas por la resolución de la magistrada.
Lea más: Ministra de la Mujer logra amparo para evitar que víctimas de violencia la escrachen
El mismo destacó que el colmo del absurdo es que la jueza impide a víctimas de violencia contra la mujer acercarse al ministerio que debería de protegerlas en esa situación de vulnerabilidad. “En el fondo, ellas están reclamando hace bastante tiempo que se haga justicia en torno a los casos que ellas están padeciendo”, destacó el abogado y exlegislador, que anunció que tomarán medidas judiciales contra la decisión.
Lea más: Mujeres víctimas de violencia escrachan a ministra de Mujer
Las prohibiciones impuestas por la jueza no solo incluyen la restricción de acercarse a 500 metros de la ministra, sino también incluso emitir críticas a través de las redes sociales. Esto para el abogado es grave, puesto que podría sentar jurisprudencia para que otros políticos accionen para evitar los escraches, que fueron la única medida de presión ciudadana efectiva para castigar a políticos vinculados a casos de corrupción.
“Esto genera un precedente bastante negativo, porque si tenemos en cuenta la igualdad ante la justicia, se presume que cualquier político podrá accionar ante los escraches que tantos les -o nos molesta- e impedir que el ciudadano pueda manifestarse libremente ya acceder un derecho básico como es reclamar por lo que les corresponde”, afirmó.
Ante esto, iniciarán tres caminos procesales inmediatos, como ser apelar la decisión de la magistrada que afirman que es una “decisión reversible”, independientemente a que en paralelo presenten una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones contra la jueza Franco González.
Otra arista que más preocupa para la defensa es que, además de esta medida cautelar, la ministra realizó una denuncia penal contra los escrachadores. “Esa sí es una acusación más grave porque la ministra le está acusando a mis defendidas de hechos punibles que no existieron”, apuntó.
Además de la restricción de acercamiento, se les impide a las mujeres, “molestar, acosar, amenazar, y/o lanzar todo tipo de improperios a través de llamadas telefónicas, mensajes de textos, internet (correo electrónico), redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram) y/o cualquier otro medio de comunicación”. Otra prohibición es intimidar, hostigar, humillar o ejercer cualquier tipo de violencia verbal, física y/o psicológica hacia la ministra y sus familiares.
Estas tres mujeres forman parte de un grupo de víctimas de violencia con la mujer que realizaron escraches como muchos otros que se hicieron otros políticos, tirando papeles higiénicos por la casa de la ministra y coreando reclamos, pero sin llegar a ninguna violencia física ni extrema.
Lea más: Contraloría halla irregularidades en declaraciones juradas de ministros
“Queremos también una explicación sobre este informe de Contraloría que dice que supuestamente aumentó su patrimonio personal en G. 8.000 millones. Nosotros no queremos creer que se está lucrando con el dolor, el sufrimiento y la vida de las mujeres. Esta mujer a nosotros no nos representa, y el Ministerio de la Mujer fue creado para todas; no es boliche personal ni familiar de ella", había indicado una de manifestantes en un de los escraches, cuestionando puntos fundamentados.