En Paraguay, varios ataques contra periodistas siguen impunes

El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se conmemora hoy. En el Paraguay, aún siguen impunes varios ataques en contra de los trabajadores de prensa, entre ellos el caso de Santiago Leguizamón, acontecido en el año 1991. Solo hubo condena en el caso de la muerte del corresponsal de ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina, con la sentencia al exintendente de Ypehu Vilmar “Neneco” Acosta (ANR).

El automóvil en que iba el periodista Santiago Leguizamón acusó varios impactos de bala en el atentado de 1991.
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Según un relevamiento realizado por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), en el año 2018 hubo un total de 51 periodistas agredidos. Un 31,56% sufrieron ataques físicos, entre ellos cronistas de calles y reporteros gráficos, así como un 15,79% fueron víctimas del hostigamiento, muchas de ellas a través del ciberacoso.

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Un total de seis periodistas fueron víctimas de amenazas mientras que similar cantidad fueron hostigados por las redes sociales y, en su gran mayoría, por los llamados perfiles falsos.

Otro método de agresión consignado por el SPP es la estigmatización, que consiste en el discurso político de autoridades o dirigentes que buscan desacreditar la labor periodística y vinculan a los trabajadores de prensa con organizaciones delictivas, actos ilegales o grupos políticos.

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El año pasado siete periodistas fueron víctimas directas de una estigmatización y un 75% fue atacado físicamente por adherentes políticos en eventos públicos, como ser manifestaciones o jornada de elecciones.

Asimismo, 10 comunicadores sufrieron acoso judicial según el SPP, es decir, querellas por difamación, calumnia e injuria, a fin de frenar ciertas publicaciones.

De los 51 periodistas agredidos en el 2018, 15 fueron mujeres, lo cual representa un 27,45%. Otro dato relevante es que el 55,26% de los casos tuvieron como agresores a parlamentarios, intendentes, concejales, familiares de autoridades municipales, fiscales y exfiscales. El 55,26% de estos ataques ocurrieron en el interior del país, según los datos revelados por Noelia Díaz, extitular del SPP.

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