Las hermanas Silvia Rita y María Acosta Méndez tuvieron que dejar su querida ciudad de Yuty a raíz de que el político colorado despojó a su familia de dos propiedades rurales, una de 172 hectáreas, ubicada en la compañía Combercue y Uruguay y, otra finca de 55 hectáreas de mucho valor situada a pasos de la zona urbana de la ciudad de Yuty. Los títulos fueron falsificados y los documentos fueron utilizados para atropellar la propiedad, según la denuncia de las afectadas.
María Asunción Acosta Méndez explicó que recurrir a la justicia solamente sirvió para aumentar los problemas porque Adaro Monzón consiguió el embargo de parte del sueldo de su hermana, que es docente jubilada y recientemente también logró la confiscación de un terreno municipal ocupado por la familia. Un bien municipal es inembargable, pero eso no le importa a la Justicia de Caazapá manejada por Benjamín Adaro Monzón.
Las hermanas Acosta Méndez imploran a las autoridades judiciales que tomen cartas en el asunto para terminar con la impunidad por parte de esta persona. “Demasiados daños ya nos causó este señor con sus cómplices del Poder Judicial (sic)”, señaló la mujer.
Finalmente nuestra entrevistada dijo que, “además de los despojos, embargo y remate ilegales que sufrimos, nos amenazan a todas las familias y hasta a criaturas. En Yuty todos tienen miedo de él”.
En el departamento de Caazapá nadie puede explicar porqué goza de tanta impunidad el político colorado del sector de Añetete, quien actualmente es uno de los aliados del actual gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón.
Los antecedentes más cercanos es el ataque ocurrido el pasado 8 de agosto en la Junta Departamental de Caazapá cuando tres hombres irrumpieron en la oficina legislativa departamental y tras plantar una evidencia en el baño rociaron con metralletas dos vehículos que pertenecen a sus propios colegas de bancadas.
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Adaro Monzón con Antonia López (ANR, Añeteté) forman bancada con cinco ediles de la Alianza Ganar, incluyendo a Emilio Tillería y Hernán Vergara, cuyo vehículos fueron acribillados por los sicarios supuestamente enviados por Adaro Monzón con el objetivo de inculpar a un comerciante de Yuty Jorge Baeza con quien mantiene un litigio judicial.
Según los datos, el fiscal que se encarga de investigar este caso, César Martínez, no se anima a imputar a Adaro Monzón pese a las evidencias.
Tras los sucesos del 8 de agosto en la Junta Municipal, el edil sospechado se defendió señalando que el responsable del ataque fue un tal Carlos Delvalle con domicilio de cruce Kimex de Naranjito. El hombre varias semanas después fue acribillado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Delvalle, días antes de su asesinato, denunció que Adaro Monzón de Yuty le estaba amenazando.
Pericias del Ministerio Público confirmaron que Delvalle fue asesinado con la misma arma con que fueron rociados con balas los vehículos de los concejales departamentales. Pero estas evidencias no sirven para que la justicia finalmente actúe, ordenando la detención y procesamiento del político colorado.
Tratamos de conversar con el cuestionado político en reiteradas ocasiones, pero no atendió su celular.