Todo empezó el 20 de julio del 2017, cuando Lucas Daniel Cañete Silva, de 18 años, fue detenido por agentes de la comisaría 2° luego de que vecinos de la zona lo sindicaran como responsable de dos robos en el Bañado Tacumbú. El parte policial refiere que al momento de su aprehensión Cañete, apodado Luca’í y sin cédula de identidad, portaba un cuchillo.
El reporte policial consigna además, que una de las víctimas -Miguel Angel Espínola- dijo que Lucas, cuchillo en mano, le despojó de un par de championes y que la otra -Eligia Espínola- lo sorprendió en su domicilio con otra persona, cuando se disponían a hurtar una centrifugadora y un ventilador.
Por la utilización de arma blanca para la perpetración del robo, Cañete fue imputado por la fiscala Fátima Capurro por robo agravado - que tiene una expectativa de pena de 5 a 15 años de cárcel- y enviado a prisión.
El juicio oral y público a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Elio Rubén Ovelar e integrado por Víctor Hugo Alfieri y María Luz Martínez tuvo un giro inesperado cuando una testigo reveló que en realidad, el joven no portaba arma alguna cuando fue detenido. Por eso la calificación fue cambiada a “robo simple”.
¿Quién es ‘Cacho huevo’?
La testigo, vecina del acusado, explicó que un policía al que identificó como “Cacho huevo” le pidió que dijera que para cometer el crimen había sido utilizado un cuchillo, con el objetivo de que el acusado esté más tiempo preso. La verdadera identidad del policía no fue cuestionada y aunque la declaración quedó registrada, no se buscó indagar en quién es “Cacho huevo”, si de verdad pidió que se plantara un cuchillo como prueba de un robo agravado ni porqué lo hizo.
Comentó la testigo que accedió entonces al pedido que recibió porque sentía demasiada bronca por los constantes hechos protagonizados en el barrio por el joven, que sería adicto a las drogas. Pero con el pasar del tiempo, al ver que el mismo seguía preso y que su familia afronta muchas dificultades por ello, se arrepintió y decidió decir la verdad en pleno jucio oral.
Sin embargo, la revelación ante el tribunal no tuvo mayor incidencia en el resultado y el ladrón de zapatos fue condenado. La defensora pública María Lourdes Benítez no planteó la nulidad del acta policial falso, que fue el único elemento para condenarlo.
El acta policial de la denuncia, labrada el 20 de julio de 2017, señala que en el procedimiento intervinieron los suboficiales inspectores Higinio Rodríguez y Gustavo Flores.
Más de dos años preso
El fiscal Giovanni Grisetti, quien solo intervino para el juicio, explicó que la manifestación de la testigo le generó una duda respecto a la veracidad de lo ocurrido, motivo por el cual decidió pedir cambio de calificación de manera a calificar el caso de robo simple. Finalmente, Cañete, quien tiene un antecedente similar del 2017 -cuando era menor y por lo tanto no debe ser tenido en cuenta- fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel. El joven lleva ya más de dos años preso en la cárcel de Emboscada.
Grisetti explicó que el hecho relatado por la testigo es grave y si el Tribunal de Sentencia considera válido dicho testimonio, tiene la potestad de derivar los antecedentes del caso al Ministerio Público para la investigación correspondiente a los agentes por simular pruebas y realizar testimonio falso.
Otros casos
En la historia reciente hay por lo menos dos casos renombrados en los que agentes de la Policía Nacional plantaron pruebas a ciudadanos que se vieron seriamente perjudicados por esto. Uno de los casos, dramático y memorable, es el de Richard Pereira víctima del comisario principal Jorge Zárate y el suboficial primero Jhonie Orihuela de la comisaría 4ª metropolitana. Ocurrió el 13 de agosto del año 2016, Pereira fue víctima de un apriete y de gatillo fácil, por lo que quedó parapléjico. Para justificar su acción, los policías le plantaron un arma.
Orihuela fue condenado a 20 años de prisión y Zárate a 11 años.
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Otro de los casos ocurrió el 10 de octubre de 2016 y afectó a Tanya Marya Villalba Falcón, entonces de de 29 años. Ese día, según la denuncia y tal como registrado en una grabación, personal policial de la Comisaría 11ª Metropolitana le plantó cocaína para inculparla, a pedido de un narcotraficante. Por este caso fueron a juicio oral el comisario Sergio Paredes Vera, y los suboficiales Arnaldo Lezcano Martínez, Roberto Lezcano Martínez y Gustavo Damián Narváez Gamarra.
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En ambos casos el registro de cámaras (de seguridad y de un celular) fue determinante para que las víctimas pudieran probar su calidad de tales.