Los fiscales Josefina Aghemo, Sussy Riquelme, Osmar Legal y Claudelina Corvalán habían apelado la resolución del juez enjuiciado Marino Méndez Hermosilla, por la cual se rechazaba un pedido fiscal de reapertura de investigación contra Zacarías Irún sobre enriquecimiento ilícito.
El Tribunal de Apelaciones utilizó el mismo argumento del juez Méndez Hermosilla para rechazar el recurso de la Fiscalía. El camarista González dijo que la Fiscalía “no hizo nada” y dejó prescribir el caso. Según el camarista, en 2017 prescribió el caso al considerar el transcurso de 10 años (pena máxima para enriquecimiento ilícito) de la última vez que Zacarías Irún ocupó un cargo público, en alusión a la intendencia de Ciudad del Este.
El miembro del Tribunal de Apelaciones también sostuvo que las dos resoluciones firmadas por la exintendente Sandra McLeod de Zacarías, por las cuales nombrada a su esposo Zacarías Irún como “asesor ad honorem” en la Municipalidad, no prueban que el senador haya sido funcionario público. Según González, para revestir el carácter de funcionario público, Zacarías Irún debería de percibir un salario.
En su momento, los fiscales que investigan el caso ya habían desacreditado ese argumento judicial, al sostener que Zacarías Irún cumplía funciones públicas en la Municipalidad esteña en su calidad de asesor “ad honorem”, y que accedía a informaciones privilegiadas.
Los fiscales se habían opuesto a que el caso fuera tramitado en la justicia esteña, por la histórica “benevolencia” de los jueces locales con los miembros del poderoso clan Zacarías. Aún así, la Corte Suprema resolvió enviar el expediente a Ciudad del Este.
La resolución del Tribunal de Apelaciones será notificada a los fiscales, quienes podrán recurrir a la Corte Suprema.
Zacarías Irún se convirtió en un potentado tras administrar la Municipalidad y fungir de asesor “ad honorem” con una fortuna de casi G. 30.000 millones. Acumuló casi una veintena de propiedades en el país y en el extranjero, una flota de cotizados vehículos y empresas con millonarios capitales, además de llevar una vida de magnate con constantes viajes por el mundo y fastuosas fiestas familiares.
El senador cartista está imputado por ocultar lujosos apartamentos en Itapema (Brasil) de la Contraloría General de la República en su declaración jurada. Además, fue procesado por supuestamente comandar un esquema criminal que desvió G. 2.174 millones del presupuesto de publicidad de la Comuna esteña, al igual que su esposa McLeod.