Abdo Benítez tiró este lunes de cirugía para extirpar esa crisis al aceptar las renuncias del canciller, Luis Alberto Castiglioni; del presidente de la estatal de energía, Alcides Jiménez; de José Alberto Alderete, director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itapú, compartida con Brasil, y del embajador en ese país Hugo Saguier.
Todos ellos fueron cesados para amainar una tormenta cuyo detonante fue la dimisión, el miércoles, de Pedro Ferreira como presidente de la Administración Nacional de Energía (ANDE) . Ferreira reveló la existencia de un acta bilateral firmada en mayo, en Brasilia, sobre la contratación de potencia de la usina de Itaipú, que establecía un cronograma de compra hasta 2022. Hasta entonces, Paraguay venía fijando de forma anual esa contratación, pero con el acta los montos de potencia media anual se incrementarían en ese periodo desde los 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.924 MW en 2022, lo que implicaría un mayor desembolso al comprar más megavatios.
El acta fue interpretada por la oposición como una entrega de soberanía realizada de forma consciente por el Gobierno, que en esas negociaciones apartó a los técnicos de la ANDE, que se oponían a su firma, y los sustituyó por representantes de la Cancillería, encabezados por Saguier. El otro berbiquí que abrió el melón de la crisis fue que la reunión se conoció dos meses después y gracias al dimitido Ferreira.
La oposición apeló a ese “secretismo” y “entreguismo” de la Cancillería para arrinconar al Gobierno con interpelaciones parlamentarias, manifestaciones callejeras y la amenaza más temida por un mandatario paraguayo: el juicio político.
El Presidente comenzó a desactivar el embrollo la noche del domingo, instando a Castiglioni a anunciar que la controvertida acta dejaba de tener efecto y así se había comunicado a Brasil. Al día siguiente llegaron las renuncias, cuando el Senado y la Cámara de Diputados se pronunciaron por el rechazo del acta.
Los comentaristas locales inciden en la torpeza política mostrada por el Ejecutivo, que en sus explicaciones no hizo sino tirar piedras contra su tejado. Y es que los portavoces gubernamentales no supieron explicar los beneficios que traería esa acta, de la que Saguier dijo en una confusa rueda de prensa que era un triunfo para los paraguayos. El propio presidente tampoco estuvo muy atinado cuando dijo en un evento público que Paraguay se venía comportando como un país de “pillos” , al defender que hasta entonces Paraguay compraba energía excedente por encima de su contrato con Brasil. Ello espoleó a una ciudadanía que ya viene denunciando los altos sueldos que cobran los funcionarios del lado paraguayo de Itaipú, el destino más codiciado por los políticos mejor situados en el Gobierno de turno. Y es que al presidente se le achaca haber forjado un Gobierno de “cuotas” en respuesta a los favores políticos adquiridos en su carrera a la Presidencia, que asumió el 15 de agosto de 2018.
Una imagen que va ligada a otra ya instalada en el país: que el Gobierno no está preparado para afrontar las decisivas negociaciones de 2023 sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú, relativo al valor de la energía que Paraguay vende a precio de costo a Brasil. El Gobierno ha reiterado que esas negociaciones son una “causa nacional” , algo que de acuerdo con la percepción de la ciudadanía no se vio en mayo en Brasilia.
Los más optimistas aseguran que la crisis es una oportunidad para que Abdo Benítez enderece el rumbo con el nombramiento de técnicos de todos los sectores políticos para afrontar esas negociaciones con Brasil en igualdad de condiciones. Sin embargo, las mismas voces reconocen que el gigante brasileño, con una contrastada pericia diplomática, es un hueso duro de roer, pese a la manifiesta sintonía que hay entre Abdo Benítez y su par, Jair Bolsonaro.