Si bien siguieron de cerca del debate en la Junta Municipal, esperan analizar con detenimiento los artículos aprobados. Duré consideró que, en general, “se tuvo mucho en cuenta la naturaleza del negocio y se tuvo en cuenta el pedido de eliminar artículos de cumplimiento imposible”.
Entre los artículos de cumplimiento “imposible” citó, por ejemplo, el cobro de un canon y la limitación de la cantidad de prestadores del servicio, al igual que la exigencia de que los choferes cuenten con registro de categoría profesional, lo que hubiera implicado eliminar directamente a conductores menores de 25 años.
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“Damos aplausos al debate de la Junta, y que hayan podido entender la naturaleza del negocio”, agregó la representante de MUV, la empresa local de prestación de servicio de transporte con aplicaciones de celulares como intermediarias.
“Nosotros nunca estuvimos en contra de ser regulados”, destacó Duré, que precisamente dijo que aguardan, igualmente, se concrete en Congreso la ley que regule aplicaciones como MUV o Uber, ya que, según experiencias en otros países, las reglas claras trajeron finalmente paz tras la confrontaciones.
“La ley es la que va a establecer las pautas a nivel general, ya que la ordenanza de Asunción es solamente para dentro de la ciudad”, insistió, a la vez de remarcar que ya están participando activamente en el proceso de debate de dicha regulación.
Pese a legislación favorable, siguen con temor
Pese al amparo otorgado por un juez, que avala las aplicaciones para operar legalmente, y esta ordenanza municipal –que aún requiere ser aprobada por el Ejecutivo municipal para su vigencia–, Duré reconoció que no se sienten aún seguros de operar con tranquilidad, sobre todo ante la violencia demostrada por los taxistas en el día previo al tratamiento del tema en la Junta Municipal capitalina
“Una cosa es lo que está escrito y firmado en papel, y otra es la realidad de las calles. Sabemos muy bien que los taxistas desde que empezamos a operar, hace unos años, empezaron a presionar con todos sus contactos para que la Junta y la Intendencia nos prohíban operar, e intentan jugar en diferentes canchas políticas, donde hay intereses y hay un gran riesgo”, dijo.
Tampoco descartan que los conductores puedan sufrir ataques o boicots para tratar de desacreditar el servicio que prestan. "No nos sorprendería que, de alguna manera, quieran boicotear; ante cualquier cosa que ocurra, emprenderemos acciones legales, sobre todo ante casos penales, para proteger nuestro negocio y a nuestros usuarios”, remarcó Duré.