Un grupo de funcionarios afectados por la desvinculación se reunieron hoy con el senador cartista Enrique Riera, quien contó que la Defensoría Pública cuenta con 530 contratados, de los cuales 340 quedaron recientemente sin vínculo laboral.
“Esto de sacar gente para meter gente entonces quiere decir que no hay ahorro, esto quiere decir que alguien está digitando, por qué unos sí y otros no", dijo el legislador en una conferencia de prensa.
Los funcionarios recibieron una notificación que indicaba “la terminación de su contrato y la no renovación del mismo debido a la reestructuración administrativa llevada a cabo en el presente ejercicio fiscal”. Los afectados contaron que tienen conocimiento que al menos unas 40 personas van a ser contratadas en la brevedad en el Ministerio de la Defensa Pública.
También denuncian que la no renovación de sus contratos, para meter a otros operadores políticos, es parte del pacto abdo-llano-cartista para la aprobación de la reforma tributaria impulsada por el gobierno en el Congreso.
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“Estamos siguiendo con un trabajo de permanentemente hacernos eco lo que pasó en Yacyretá, en Itaipú, pasó en el Ministerio de de Educación, pasó en el Ministerio de Salud, pasó en la Secretaría de Acción Social, lamentablemente ahora pasa a la Defensoría. Y hay embarazadas afectadas, hay gente con mucha antigüedad afectada, hay discapacitados afectados”, puntualizó Enrique Riera.