El letrado dijo a ABC FM 98.5 que su clienta se encuentra en la clandestinidad, ya que se dictó orden de captura en su contra por no asistir a una audiencia por supuestamente comprar notas, de la cual nunca fue informada, “Dictaron orden de detención el jueves contra Belén. Mi cliente demostró que esos mensajes existieron”, refirió. Los mensajes a los que hace referencia fueron supuestamente enviados por Kriskovich, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuando era profesor de la denunciante en la Universidad Católica. Su contenido era de alto tenor sexual.
Barba denunció que le retiraron la personería jurídica a todos los abogados que intervienen en la causa. “No tenemos derecho a entrar en el sistema, no sabemos jurídicamente por qué tiene orden de captura”, expresó.
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La jueza del caso, Lici Sánchez, no envió las notificaciones sobre la audiencia, expuso Barba y sostuvo que tanto su casa como la de su clienta tienen cámaras de seguridad, por lo que es muy sencillo demostrar que nunca recibieron notificación alguna. “La hoja de ruta de la jueza es decretar prisión de mi clienta y convocar a una audiencia dentro de 15 días”, acotó. Expuso que tampoco se notificó del cambio de juez en la causa.
“En esta causa (de compra de notas en la facultad de Derecho de la Universidad Católica) hay como 43 imputados; mi clienta es la única que no pidió perdón a la UCA. Ella quiere ir a juicio oral, pero la universidad jamás va a ir”, enfatizó Barba. María Belén Whittingslow es una de las acusadas por la universidad de haber comprado notas para aprobar asignaturas en la facultad de Derecho. Ella lo niega, y señala que es una represalia por haber denunciado a Kriskovich.
La joven había denunciado a Kriskovich por acoso sexual y este a su vez la demandó por intentar “dañar su imagen” y reclama unos 450 mil dólares; sin embargo no permiten la desgrabación de los mensajes que recibió en su teléfono celular.
En los mensajes, la joven afirma que Kriskovich le pedía supuestamente que se pusiera disfraces obscenos, que quería tener relaciones sexuales “contra la pared” con ella, la invitaba a tomar whisky a su oficina y le pedía que fuera su amante, entre otras expresiones.
Algunos de los mensajes que María Belén conserva como prueba se destacan: «La verdad que creo que te escondiste hoy. ¿No te gustó verme? ¿Te latía más fuerte el corazón? Te diste la vuelta y te fuiste. Y yo quería saludarte. Estás más flaca. Linda. ¿Por qué me tenés miedo? Y digamos que los dos somos famosos. Y yo te protejo y vos no me amás».
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Barba insiste en la desgrabación de los mensajes del teléfono de su clienta, ya que las conversaciones serían una evidencia contundente contra Cristian Kriskovich en torno a las calificaciones. “Cristian Kriskovich cambió las notas, porque en uno de los mensajes dice: ‘Te regalé las materias tal, tal y tal. Felicidades, ya sos abogada’", expuso.
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¿Cuánto querés para terminar con esto?
En otro momento, Barba aseguró que monseñor Edmundo Valenzuela le dijo a su clienta “¿Cuánto querés para terminar con esto?" y que poseen evidencias de ello. Este ofrecimiento habría ocurrido dentro de la propia oficina de Valenzuela.
Dijo que el que se opone a peritar el teléfono es el Dr. Alberto Martínez Simón y anteriormente, por el mismo caso, el Dr. Linneo Ynsfrán, quienes casualmente terminaron siendo ternados para la Corte Suprema de Justicia.
“Mi cliente el lunes presentó una denuncia en el Senado contra Ynsfrán, para que se tenga en cuenta que no le permiten (a su clienta) hacer las pruebas. Las pruebas que ella pide son simples: que se desgraben los mensajes en su celular”, dijo.
“Lo único que quiere es hacer sus pruebas”, exclamó Barba con respecto a su clienta.
Denuncia
Rodrigo Cuevas, otro abogado de María Belén, formuló una denuncia contra el juzgado de la jueza Lici Sánchez, a raíz de la revocación de su personería jurídica en la causa y por la imposibilidad de acceder a la causa a través del sistema electrónico. “Con esto queda patentada la arbitrariedad manifiesta que desarrolla el juzgado”.
En la denuncia queda expresa el desconocimiento de las actuaciones que conllevaron a la declaración de rebeldía de la joven, la revocación de la personería jurídica y la prohibición de acceder al expediente físico y electrónico.