Según el Ministerio de Hacienda, la reforma permitiría reducir un déficit del sistema especial de jubilaciones de los militares que, para 2023, era de casi 50.000 millones de reales (unos 8.400 millones de dólares).
Para ello, establece los 55 años como edad mínima para el retiro de los militares, un requisito hasta ahora no previsto, y elimina algunos privilegios, como el pago de pensiones a miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sido expulsados o condenados por algún delito.
También plantea reformar mecanismos según los cuales la pensión de un militar ya fallecido es “heredada” por sus esposas, hijos u otros familiares, y limitar ese beneficio a los parientes de primer grado, entre muchas otras medidas.
De acuerdo con los cálculos del Gobierno, el ahorro inicial de esa reforma pudiera ubicarse en unos 2.000 millones de reales por año, lo cual contribuiría con el objetivo de equilibrar el gasto y poner fin al déficit crónico de las cuentas públicas.
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No obstante, la propuesta incluye un régimen de transición, lo cual llevaría a una modificación gradual que solo concluiría en 2035, cuando la reforma entraría total y plenamente en vigor.
Plan de ajuste
La propuesta ha sido enmarcada en un ambicioso plan de ajuste del gasto público, mediante el cual el Ministerio de Hacienda pretende acabar gradualmente con el déficit fiscal.
Ese paquete de ajuste fue anunciado en medio de un claro descontento del sector financiero, que aún así desconfía de las intenciones del Gobierno y presiona a través del mercado cambiario.
En las últimas semanas, el real ha sufrido una fuerte devaluación frente al dólar y llegado a mínimos históricos, lo cual ha obligado al Banco Central a elevar los tipos de interés al 12,25 %, y avisar que podría aumentarlos hasta en otros dos puntos en los próximos meses por temor a un descontrol de la inflación, hoy en un 4,87% interanual.
Los operadores del mercado financiero alegan que si no se limita el gasto público se presionaría más un déficit fiscal que se acerca al 10% del producto interior bruto y una deuda pública que en 2025 pudiera superar el equivalente al 81% del PIB.
Pese a esas preocupaciones, el propio mercado calcula que Brasil cerrará 2024 con un crecimiento del 3,42 % y una inflación del 4,89 %, que superará el techo de la meta oficial, que es del 4,5 %.