"No a la cárcel, no a la cárcel", se escuchaba en esta localidad de la amazónica provincia de Napo durante una multitudinaria asamblea celebrada este jueves por las organizaciones que desde hace diez días impulsan las movilizaciones con bloqueos en torno a la urbe, y a las que ahora se han sumado también oficialmente el movimiento indígena.
Allí, con unas 3.000 personas concentradas según los promotores de las manifestaciones, acordaron continuar con las manifestaciones, y acto seguido se dirigieron hacia la plaza principal de Archidona para protestar frente a la Gobernación (Delegación del Gobierno de Napo), tras romper el cerco de vallas que había dispuesto la Policía.
"Esta es una lucha del pueblo y de la ciudadanía porque no queremos la cárcel, queremos la vida y la paz", señaló durante la asamblea la alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa.
Una de las participantes en la protesta, Mélida Aguinda, aseguró a EFE que existe miedo ante lo que pueda traer la cárcel para las comunidades locales y para los jóvenes. "No queremos una cárcel, queremos repotenciar el turismo, infraestructura, escuela, carreteras y hospitales. Eso no se ha visto en los gobiernos que apoyen a la Amazonía", dijo la mujer.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a través de su líder y candidato presidencial Leonidas Iza, ya había advertido a inicios de semana que radicalizaría las protestas si la administración de Noboa insistía en llevar adelante una obra sin consulta previa a los pueblos originarios de este lugar.
Obras adjudicadas en medio de protestas
La otra cárcel de máxima seguridad promovida por Noboa ya está en obras en la costera provincia de Santa Elena, aislada en torno a un bosque seco donde una comunidad cercana ha presentado una acción de protección a la Justicia para que paralice la construcción, al alegar que correspondía que se les hubiese realizado una consulta previa sobre este proyecto carcelario.
De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno, cada una de estas dos cárceles tendrá capacidad para 736 presos, un tamaño mucho menor al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia de Bukele en El Salvador, donde según las cifras oficiales tiene capacidad para 40.000 pandilleros.
Ambas cárceles han sido presupuestadas por cerca de 52 millones de dólares. Las obras de la primera están a cargo de Puentes y Calzadas Infraestructuras, una filial del español Grupo Puentes adquirido en 2020 por la empresa china estatal China Road and Bridge Corporation. Aparentemente fue también la compañía elegida para construir la prisión de Archidona, según documentos oficiales.
Promesa electoral
Las dos prisiones son una promesa electoral de Noboa, que al llegar al poder anunció la construcción de estos dos centros carcelarios con un modelo inspirado en el de su homólogo Bukele en El Salvador y con la filosofía de tener aislados a líderes criminales y delincuentes de alta peligrosidad sin ningún tipo de concesión.
Con ello busca enfrentar el descontrol que en los años previos hubo en el sistema penitenciario de Ecuador, donde las bandas criminales se adueñaron de las prisiones y sus líderes lograron tener muros a dentro todo tipo de comodidades y lujos, incluido internet de alta velocidad.
Desde 2021 más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales, en una ola de violencia criminal que también se extendió a las calles, hasta hacer de Ecuador el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica en 2023, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes.
A inicios de año Noboa declaró el "conflicto armado interno", con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como terroristas, y emitió sucesivos estados de excepción para combatir a estos grupos donde, entre otras medidas, militarizó las cárceles controladas por estas estructuras criminales.