Esta es la amarga realidad con la que se encontró Youssef cuando uno de sus vecinos, Hassan descubrió por accidente el pasado mes de abril que la propiedad de las tierras de un total de 40 casas de este barrio tiene un nuevo dueño y no son ellos: es el Fondo Nacional Judío, una de las organizaciones sionistas más poderosas de Israel.
"Nadie nos notificó nada, ni se nos dio la oportunidad de presentar nuestros documentos. Nos enteramos hace unos meses cuando Hassan pidió a su abogado un nuevo permiso de construcción al Ayuntamiento de Jerusalén. Solo nos quedaba apelar ante el Tribunal Superior para demostrar que esta es la tierra de nuestros antepasados", explica Ibrahim, otro residente.
En total son unas 150 personas afectadas, entre ellas varios menores, que podrían quedarse sin sus casas. Se espera que esta próxima semana el Tribunal Supremo indique si acepta o no este caso, según cuentan los residentes de este barrio, rodeado ya de asentamientos y punto crucial porque conecta Jerusalén Este con la ciudad de Belén, en la Cisjordania ocupada.
Aviv Tatarsky, investigador de la ONG israelí Ir Amim que monitoriza la situación en Jerusalén Este, reconoce a EFE que tienen poca esperanza de que el caso se resuelva de forma favorable para los palestinos de este barrio.
"La justicia israelí forma parte del sistema israelí y la mayoría de los jueces representan la voz del Gobierno que tiene mucho interés en expulsar y aislar a los palestinos de Jerusalén Este. Lo más preocupante para mí es que esto pueda sentar un precedente", alerta.
Esta angustia persigue a muchos de los residentes, como a Mahmoud Abu Teir, quien teme ser expulsado de la tierra donde nació y que después heredó de su padre. Su casa la construyó hace 35 años tras conseguir el permiso israelí y actualmente vive allí con sus tres hijos y su mujer.
"Nací aquí y tengo muchos recuerdos felices de mi infancia antes de la llegada de la ocupación. De pequeños jugábamos y recolectábamos aceitunas. Quiero dejar claro que no hemos robado esta tierra. Mis abuelos y mis padres en su día también pagaron impuestos aquí", asevera.
Otro vecino, que prefiere mantener su anonimato, también comparte ese miedo a perder la única vivienda que tiene, en su caso construida en 2007.
"Yo no tengo otro plan, no tengo otro sitio al que ir. Es una situación tan injusta que no tengo palabras para describirla", relata.
Un limbo alegal
Tatarsky recuerda que todas las viviendas de este barrio están amparadas por la ley israelí, puesto que cuentan con permisos de construcción firmados por el propio Ayuntamiento de Jerusalén y pagados -cuestan unos 6.000 shékels, es decir, unos 1.500 euros- por los residentes.
El problema, agrega este investigador, es que este es el único procedimiento que la administración israelí permite llevar a cabo "con cierta facilidad" a los palestinos de Jerusalén Este, de manera que todos ellos quedan en un limbo alegal al no poder registrarse como propietarios de la tierra de sus casas.
"Desde que Israel se anexionó Jerusalén Este en 1967, ha habido una dejadez por parte del Estado en gestionar la propiedad palestina. En realidad, no les interesa, y por eso cuando hace cinco años decidieron solucionar este tema, no avisaron ni informaron a los palestinos de cómo hacerlo", explica el investigador israelí.
Además, para Tatarsky, en este caso, hay un elemento preocupante: que una organización sionista pueda acudir a la administración y proclamarse propietaria de tierras donde ya hay casas construidas de palestinos.
"Lo que hicieron fue acudir al registro de la propiedad con documentos falsos y asegurar tener derechos sobre estas tierras y los funcionarios lo aprobaron, mientras que cuando un palestino intenta el mismo proceso se convierte en un camino largo y lleno de trabas que acaba fracasando", denuncia.
Estas prácticas preocupan a la ONG Ir Amim, que advierte se agudizarán el próximo año con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuyas políticas están sintonía con el proyecto de expansión de asentamientos que promueve el Gobierno de Benjamín Netanyahu.