El acuerdo de asociación UE-Mercosur, por el momento, comprende a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Bolivia -que ha entrado recientemente en el Mercosur- podría adherirse al pacto una vez haya armonizado sus normas con el bloque suramericano y negocie bilateralmente con la UE sus condiciones comerciales en el marco del acuerdo, en particular los calendarios comerciales que establecen los aranceles para los distintos tipos de mercancías.
El texto del acuerdo de asociación UE-Mercosur se cerró en 2019 tras 20 años de negociaciones, pero, a renglón seguido, la parte europea pidió añadir un anexo en el que reclama más garantías a los países latinoamericanos de que se atendrán al Acuerdo de París y la legislación laboral internacional, cuestiones que en cualquier caso ya están contenidas en el texto.
En concreto, los europeos, con Francia a la cabeza, han expresado su preocupación por la deforestación del Amazonas y, consecuentemente, por que esos terrenos que antes eran selva sean dedicados a la explotación agrícola, con un incremento de la producción.
La semana pasada en Brasilia se desarrolló una nueva ronda técnica para cerrar ese documento y países como España mantenían la esperanza de que fuera la última de cara a tener la oportunidad de firmar el conjunto del acuerdo con ocasión de la cumbre del Mercosur.
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Contactos técnicos
La Comisión Europea afirmó ayer que continúan los “contactos técnicos” y que “la sustancia es más importante que la velocidad” en el acuerdo.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, afirmó en el último Consejo de ministros comunitarios del ramo, celebrado unos días antes de la ronda de Brasilia, que este tipo de pactos “proporcionan nuevas oportunidades de exportación y también la diversificación de los suministros para nuestra economía y ayudan a fortalecer nuestra economía y resistencia”.
En cambio, en opinión de Francia, pueden perjudicar la cohesión y la estabilidad europea, por ejemplo si el pacto permite la entrada de carne de animales engordados con hormonas del crecimiento, prohibidas en la UE, según dijo en una reciente entrevista con EFE la ministra francesa de Comercio, Sophie Primas.
El amplio espectro político francés se ha manifestado en contra del pacto, que ha puesto en pie de guerra a los agricultores y los ha llevado a incrementar sus manifestaciones en las últimas semanas.
“Los franceses no quieren el acuerdo, pero no pintan nada... Quien pinta es la Comisión Europea, es (su presidenta) Ursula von der Leyen quien tiene la competencia para hacer el acuerdo”, afirmó la semana pasada el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, minimizando la importancia de la oposición francesa al acuerdo y mostrando optimismo sobre la posibilidad de firmarlo este mismo año.
Legislación comunitaria
La Comisión Europea siempre ha insistido en que el acuerdo respeta escrupulosamente la legislación comunitaria y que, de hecho, añade más garantías a intercambios que ya se producen.
Según lo concluido en 2019, el pacto permitirá a los exportadores europeos ahorrarse 4.000 millones de euros anuales en aranceles.
Se establecieron cuotas a lo largo de cinco años para la carne de pollo y vacuno y el azúcar y se determinó que los países europeos pudieran exportar sin aranceles vinos y lácteos, especialmente quesos, sometidos éstos a cuotas, así como que se protegieran 370 indicaciones geográficas en el Mercosur.
La Comisión también anunció entonces un paquete de 1.000 millones de euros para dar una “red de seguridad” a los productores más vulnerables, si fuera necesaria.
Próximos pasos
Tras los contactos técnicos en Brasilia, “se hará un balance a nivel político, para ver si se cumplen las condiciones para concluir el acuerdo” , según Dombrovskis.
Una vez la Comisión Europea -que tiene la potestad de negociar los acuerdos comerciales en nombre de los Estados miembros de la UE- llegue a un acuerdo con el Mercosur sobre el anexo, son los gobiernos de los 27 países los que deberán refrendarlo por mayoría cualificada.
Por el momento, lo rechazan Francia, los Países Bajos, Polonia o Lituania, mientras que se han pronunciado claramente a favor España, Alemania o Suecia y otros como Bélgica, Luxemburgo o Rumanía muestran dudas.
Está por determinar también qué estructura legal tendrá el acuerdo y si es necesario que el pilar comercial tenga que recibir el visto bueno de todos los parlamentos nacionales de los Veintisiete para que pueda entrar en vigor plenamente.