"Debemos tomar medidas prácticas para prevenir y controlar las fuentes de riesgo. Para ello, debemos investigar exhaustivamente cada caso y resolver los conflictos y disputas de las personas antes de que sea tarde", afirmó Wang durante una gira de inspección en la provincia de Liaoning (noreste), recoge este jueves el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh).
El ministro enfatizó en que el PCCh debe "reforzar las tareas de prevención" para "garantizar la seguridad de la gente y mantener la estabilidad social".
El pasado 12 de noviembre, un atropello dejó 35 muertos en el sur de China, y días después al menos 8 personas fallecieron tras un ataque con cuchillo en una escuela de formación profesional en Yixing (este).
La semana pasada, la Policía de la ciudad de Changde, en Hunan (centro), detuvo a un hombre de 39 años acusado de atropellar a varios peatones frente a un colegio, sin causar víctimas mortales, y este miércoles otro atropello en Baoding (norte) causó otra muerte.
Las autoridades suelen referirse a estos crímenes como "venganza contra la sociedad", que describe una situación donde los agresores, motivados por frustraciones personales, descargan su ira contra inocentes debido a conflictos sentimentales, legales o económicos.
"Tenemos que resolver los problemas de la gente de manera precisa. Y a medida que se acerca el fin de año, debemos también fortalecer la supervisión de la seguridad en el transporte por carretera y en grandes eventos", agregó.
El pasado martes, la Fiscalía Popular Suprema de China (FPS) prometió "castigos severos, estrictos y rápidos" para quienes cometan "crímenes atroces" después de los últimos ataques.
La FPS señaló en un comunicado publicado tras una reunión de trabajo que pondrá en práctica "un enfoque de tolerancia cero hacia crímenes dirigidos contra estudiantes o que comprometan la seguridad escolar".
La reunión subrayó "la importancia de procesar tales casos de manera decisiva y rápida para lograr un poderoso efecto disuasorio".
Los sucesos de los últimos meses también han levantado también controversia por el control informativo del Gobierno a fin de evitar un 'efecto llamada', según los expertos, que lamentan que no haya más información pública disponible para encontrar las verdaderas causas subyacentes.